La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de Natagaima y su exsecretario de Planeación por una presunta omisión en el reporte de información obligatoria sobre estratificación y coberturas, correspondiente a la vigencia 2022.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Chaparral calificó como falta grave cometida con culpa gravísima la conducta en la que habrían incurrido el exalcalde de Natagaima, Tolima, y el exsecretario de Planeación y Desarrollo del municipio durante el periodo constitucional 2020–2023, en hechos relacionados con el presunto incumplimiento de deberes legales en materia de servicios públicos.
De acuerdo con el Ministerio Público, los entonces funcionarios habrían omitido el deber de cumplir lo estipulado en la Ley 142 de 1994, normativa que establece la obligación de reportar información relacionada con la estratificación y las coberturas de los servicios públicos, un requisito fundamental para la planeación, control y correcta prestación de estos servicios en los municipios.
La investigación se originó tras la presentación de un informe elaborado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la realización de una visita técnica el 2 de noviembre de 2023, en la que se evidenció que el municipio de Natagaima aparentemente no habría cumplido con el cargue oportuno de esta información en los sistemas dispuestos por la ley.
Según lo establecido en el proceso disciplinario, la omisión estaría relacionada con la falta de reporte de estratificación y coberturas, conocido como REC, en el Sistema Único de Información, SUI, correspondiente a la vigencia 2022, una obligación que recae directamente en las administraciones municipales y que tiene impacto en la gestión de los servicios públicos.
Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra David Mauricio Andrade Ramírez, quien se desempeñó como alcalde de Natagaima entre los años 2020 y 2023, y contra Johan Ricardo Alape Ortiz, quien ocupó el cargo de secretario de Planeación y Desarrollo durante el año 2022, al considerar que existían méritos suficientes para adelantar la investigación disciplinaria.
El ente de control sostuvo que la presunta omisión habría afectado el adecuado control y seguimiento de la información relacionada con los servicios públicos domiciliarios, lo que podría generar impactos administrativos y técnicos en la correcta asignación de estratos y en la planificación de políticas públicas en el municipio.
La Procuraduría indicó que la conducta investigada fue calificada de manera provisional como falta grave cometida con culpa gravísima, lo que implica que, de comprobarse la responsabilidad disciplinaria, los exfuncionarios podrían enfrentar sanciones de acuerdo con lo establecido en el régimen disciplinario vigente.
Finalmente, el Ministerio Público reiteró que este tipo de investigaciones buscan garantizar el cumplimiento de la ley por parte de los servidores públicos y exservidores, así como fortalecer la transparencia y la responsabilidad en la gestión administrativa de los municipios, especialmente en asuntos que inciden directamente en el bienestar de la comunidad.
