El Ministerio Público inició una indagación preliminar para esclarecer posibles fallas en la ejecución y los pagos de un contrato suscrito por la Alcaldía de Ibagué para la entrega de títulos de propiedad a familias vulnerables.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar por presuntas irregularidades en un contrato celebrado por el municipio de Ibagué, cuyo objetivo era la titulación gratuita de predios fiscales. La actuación busca establecer si en el desarrollo del convenio se presentaron fallas administrativas o disciplinarias que comprometan el uso adecuado de los recursos públicos.
Según la información conocida por el Ministerio Público, el contrato identificado con el número mil trescientos sesenta y cinco del año dos mil veinticinco fue suscrito para adelantar procesos de titulación en beneficio de hogares en condición de vulnerabilidad, como parte de una estrategia de formalización de la propiedad en sectores priorizados de la ciudad.
El valor total del contrato asciende a una suma cercana a los quinientos noventa y cinco millones de pesos, recursos que debían destinarse a la expedición de doscientos cincuenta títulos de propiedad. No obstante, de manera preliminar se advierte que las metas pactadas no se habrían cumplido dentro de los tiempos establecidos.
La Procuraduría señaló que existirían dudas sobre la ejecución real del objeto contractual, ya que no se evidenciarían soportes técnicos suficientes que respalden el avance reportado. Esta situación genera inquietud frente a la legalidad de los pagos efectuados durante la vigencia del contrato.
De acuerdo con el ente de control, se habrían realizado desembolsos que superan el sesenta por ciento del valor total del contrato, pese a que los resultados esperados no estarían plenamente acreditados. Este hecho motivó la apertura formal de la indagación para esclarecer lo ocurrido.
Ante estos indicios, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la práctica de diversas pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas señaladas. El proceso también busca establecer si existió un eventual incumplimiento de deberes por parte de servidores públicos o contratistas.
El órgano de control disciplinario precisó que esta etapa inicial no implica una sanción, sino un proceso de verificación para identificar posibles responsables y determinar si las actuaciones analizadas configuran una falta disciplinaria conforme a la ley.
Finalmente, la Procuraduría reiteró su compromiso con la vigilancia de los recursos destinados a programas sociales y recordó que la titulación de predios es una política clave para garantizar seguridad jurídica y mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias, por lo que su ejecución debe ajustarse estrictamente a la normatividad vigente.
