El exalcalde de Ibagué y siete personas vinculadas a su administración fueron imputados por presuntas irregularidades relacionadas con la selección del contratista y los pagos de la interventoría del proyecto de la calle 60. Ninguno aceptó los cargos.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera y a otras siete personas por presuntas irregularidades relacionadas con el contrato de interventoría del proyecto del puente de la calle 60 con carrera Quinta. La investigación se concentra en actuaciones asociadas con la selección del contratista y la ejecución del contrato durante la administración municipal anterior.
De acuerdo con lo expuesto por el ente investigador, el contrato de interventoría superó los $2.997 millones y tenía como finalidad realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción del puente elevado y sus respectivas interconexiones. El proceso busca establecer las responsabilidades individuales de quienes participaron en las diferentes etapas contractuales.
Uno de los aspectos señalados por la Fiscalía está relacionado con los pagos realizados al consorcio interventor. Según la investigación, los desembolsos debían corresponder al porcentaje de ejecución de la obra; sin embargo, las labores de policía judicial habrían establecido que se efectuaron pagos superiores a $1.000 millones cuando el avance de la construcción era inferior al 6 %.
El ente acusador también planteó cuestionamientos frente al proceso de selección. Según la Fiscalía, el comité evaluador jurídico habría tramitado y aprobado la propuesta del consorcio representado por Francisco José Restrepo Albarello, pese a que presuntamente existía una inhabilidad para contratar con el Estado. Esta circunstancia hace parte de los elementos que serán debatidos dentro del proceso penal.
En el caso de Andrés Hurtado, la Fiscalía sostiene que, en su condición de alcalde, habría omitido controles relacionados con el proceso de selección y la ejecución contractual. También fueron imputados la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González; los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez; las exasesoras Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata, además del contratista Francisco José Restrepo Albarello.
Según la responsabilidad que la Fiscalía atribuye individualmente a cada procesado, los cargos incluyen peculado por apropiación en favor de terceros, peculado por apropiación en favor propio, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. Ninguno de los ocho procesados aceptó los cargos formulados durante la diligencia.
El denominado puente de la 60 se convirtió en uno de los proyectos más controvertidos de la administración Hurtado. El proceso judicial relacionado con la interventoría se suma a las actuaciones que las autoridades han adelantado alrededor de una obra que finalmente no se materializó en los términos inicialmente proyectados. En julio de 2026, además, un juez rechazó un impedimento y mantuvo al funcionario judicial encargado de la audiencia de imputación.
Tras la imputación, Andrés Hurtado difundió un comunicado en el que manifestó que no aceptó los cargos y defendió las decisiones adoptadas durante su administración. El exalcalde afirmó que la obra quedó en marcha y con los recursos garantizados al finalizar su gobierno, y sostuvo que no se perdió dinero del erario. Ahora, el proceso continuará ante la justicia, que deberá determinar, con las garantías del debido proceso, las responsabilidades individuales que correspondan.
