Omar Mejía Patiño, rector de la Universidad del Tolima, se pronunció tras conocerse una denuncia en su contra por presunta violencia laboral con enfoque de género. Asegura que no ha interferido en el proceso y que la investigación está en manos de la Procuraduría.
El rector de la Universidad del Tolima (UT), Omar Mejía Patiño, se refirió públicamente a la denuncia interpuesta en su contra por presunta violencia laboral con enfoque de género. En su declaración, el directivo aseguró que ha mantenido distancia del proceso y reafirmó su compromiso con el respeto al debido proceso.
“He evitado participar en cualquier fase del trámite, justamente por ser el implicado. No he dado instrucciones ni intervenido en decisiones que tengan que ver con el caso”, expresó Mejía, al tiempo que reiteró que el proceso está bajo la competencia de la Procuraduría del Tolima.
Según explicó el rector, la Unidad de Género de la institución analizó los hechos denunciados y concluyó que no se trata de un caso de violencia basada en género. Por ello, el caso fue remitido al Comité de Convivencia Laboral, donde la denunciante aclaró que su queja se refería exclusivamente a aspectos laborales.
En ese contexto, Mejía argumentó que no es el jefe directo de la denunciante ni ha tomado decisiones administrativas que puedan interpretarse como acoso. Aseguró que las medidas cuestionadas fueron adoptadas por órganos colegiados y conforme a los protocolos institucionales vigentes.
Además, rechazó categóricamente los señalamientos hechos en medios y redes sociales, y señaló que estos han tenido repercusiones tanto en su vida profesional como personal. “La exposición pública ha sido desgastante para mí y mi familia”, agregó.
Pese a lo anterior, el rector subrayó que la Universidad del Tolima mantiene un firme compromiso con la erradicación de todo tipo de violencia de género. Resaltó que bajo la coordinación de la profesora Nancy Gómez Torres se han implementado medidas preventivas y correctivas.
Finalmente, hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general para que se respete el curso de la investigación. “Evitemos los juicios paralelos. Este es un proceso que debe garantizar los derechos de todas las partes”, concluyó Mejía.
El caso sigue su curso en las instancias competentes y ha abierto un nuevo debate sobre los protocolos institucionales para atender denuncias con enfoque de género en el ámbito universitario.
