En el cierre del año legislativo 2025, la ambiciosa reforma a la salud del Gobierno nacional naufragó nuevamente en el Congreso, luego de que la Comisión Séptima del Senado votara mayoritariamente por su archivo. Este revés frena la iniciativa que buscaba transformar el sistema de salud colombiano, profundizando la polarización política y dejando en el limbo el futuro de los cambios propuestos.
La tarde de este martes, último día de las sesiones ordinarias del 2025, la Comisión Séptima del Senado de la República le asestó un golpe definitivo a la principal iniciativa social del Gobierno: la reforma a la salud. Con una votación que aprobó la ponencia de archivo, la célula legislativa puso fin, al menos por ahora, al trámite del proyecto de ley con el que el Ejecutivo esperaba modificar sustancialmente el modelo de atención y administración del sistema sanitario en Colombia. El hundimiento se produce tras meses de intenso debate, paralizaciones y una fuerte resistencia por parte de sectores de la oposición y algunos congresistas independientes. La decisión de archivar la reforma se concretó justo al inicio del receso legislativo, en un movimiento que el Gobierno ha calificado como una estrategia dilatoria y obstructiva. La reforma, que generó expectativas y temores por igual, pasa ahora a engrosar la lista de proyectos fallidos en el Congreso. Este nuevo revés obliga al Gobierno a repensar su estrategia.
El proyecto de ley llevaba ya un significativo tiempo estancado en la Comisión Séptima, siendo objeto de profundos desacuerdos que iban más allá de las habituales diferencias políticas. Los puntos de mayor fricción se concentraron en aspectos neurálgicos, especialmente en lo relativo al futuro de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales el proyecto buscaba transformar o eliminar gradualmente, y la capacidad del Estado para asumir las nuevas responsabilidades. Otra preocupación central giraba en torno a la sostenibilidad financiera de la propuesta, con múltiples voces alertando sobre un posible desfinanciamiento del sistema. Las dudas sobre la administración de recursos y la prestación directa de servicios por parte de entidades estatales terminaron por inclinar la balanza en contra de la iniciativa.
La votación final, que resultó en una mayoría a favor del archivo, refleja la profunda división que permeó el debate desde su radicación. Senadores de partidos opositores y algunos miembros de bancadas independientes unieron sus votos para rechazar la continuidad del trámite, argumentando que la propuesta no ofrecía soluciones reales a los problemas estructurales del sistema. La crisis hospitalaria, las deudas históricas con los prestadores de salud y la garantía de acceso a los servicios fueron temas recurrentes en las críticas. El bloque en contra sostuvo que el texto presentado por el Gobierno era inviable económicamente y que su implementación podría poner en riesgo la atención de millones de colombianos. El fracaso legislativo subraya la dificultad del Gobierno para concertar reformas de alto calado.
Desde el Gobierno, la reacción no se hizo esperar, calificando el archivo como un claro «bloqueo» a las transformaciones que la administración considera esenciales para el país. Voceros del Ejecutivo lamentaron que la Comisión Séptima haya esperado hasta el último día de sesiones para tomar una decisión, impidiendo un posible debate en la plenaria del Senado. La reforma era presentada como una prioridad indiscutible, destinada a mejorar la calidad y la equidad en el acceso a la salud, especialmente para las poblaciones más vulnerables. El ministro de Salud y otros funcionarios han insistido en que la resistencia a la reforma obedece a intereses que buscan preservar el modelo actual, centrado en el papel intermediario de las EPS.
Los defensores del archivo, por su parte, insistieron en que su voto fue un acto de responsabilidad ante la falta de claridad en la financiación y la inconsistencia del modelo propuesto. Senadores críticos como la ponente de archivo, Alirio Barrera, del Centro Democrático, argumentaron que la reforma generaba un «hueco fiscal» insostenible y no garantizaba la continuidad de los servicios. Para la oposición, el texto no lograba desvirtuar las preocupaciones sobre la politización en la administración de los recursos del sistema y la creación de un aparato burocrático más grande e ineficiente. Este sector celebra el hundimiento como una victoria en la defensa del sistema mixto de salud vigente.
A pesar del archivo, el camino legislativo de la reforma a la salud podría no haber terminado completamente. Según el procedimiento en el Congreso, los senadores que apoyaron la iniciativa tienen la potestad de apelar la decisión ante la Plenaria del Senado. De ser admitida y aprobada la apelación por la mayoría de la corporación, el proyecto podría revivir y continuar su trámite, posiblemente en una Comisión diferente. Sin embargo, este es un escenario políticamente complejo y con pocas probabilidades de éxito, dada la correlación de fuerzas. Este recurso es visto como la «última carta» del Gobierno para evitar que su proyecto bandera muera definitivamente en el primer debate del Senado.
Mientras el Gobierno del presidente Petro evalúa los siguientes pasos —que podrían incluir la radicación de un nuevo proyecto, el replanteamiento de su estrategia de alianzas políticas o, en efecto, la apelación—, el sistema de salud en Colombia continuará operando bajo el marco normativo establecido por la Ley 100 de 1993 y sus posteriores modificaciones. La crisis estructural, caracterizada por la alta siniestralidad de algunas EPS y la crisis de la red hospitalaria pública y privada, se mantiene. El archivo no soluciona los problemas de fondo, sino que pospone la búsqueda de una solución legislativa, manteniendo el sistema en una tensión constante y en un debate nacional abierto.
La nueva caída de la reforma a la salud marca un hito en el pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo en 2025 y envía un mensaje claro sobre las dificultades del Gobierno para consolidar mayorías estables en el Congreso para sus reformas estructurales. El resultado obliga al Gobierno a una profunda autocrítica sobre el manejo de su agenda legislativa y su capacidad de negociación. Con el fin de las sesiones, la reforma queda en un punto muerto, y su eventual resurrección o reemplazo será uno de los temas centrales al inicio del próximo periodo legislativo. Entre tanto, la ciudadanía espera respuestas concretas a los desafíos del sistema de salud que sigue en crisis.
