Gobernadores de varios departamentos anunciaron una ofensiva jurídica contra el Decreto 1474, al considerar que la medida afecta la autonomía fiscal y pone en riesgo recursos clave para salud, educación y deporte en las regiones.
Los gobernadores del país comenzaron a articular una estrategia jurídica conjunta para enfrentar el Decreto 1474, expedido por el Gobierno Nacional durante la emergencia económica, al advertir que la norma modifica de manera sustancial la destinación de los ingresos provenientes de la venta de licores. Para los mandatarios regionales, la medida representa una intromisión directa en las finanzas territoriales.
El decreto, que ya fue remitido a la Corte Constitucional para su revisión, plantea cambios en la forma como se distribuyen estos recursos, permitiendo que una parte significativa sea redireccionada hacia el nivel central. Este escenario encendió las alertas en los departamentos, que dependen en gran medida de estas rentas para financiar programas sociales.
Desde el Tolima, la gobernadora Adriana Magali Matiz manifestó que existe un consenso entre varios mandatarios en rechazar lo que calificó como una decisión de corte centralista. Según explicó, la norma rompe el equilibrio fiscal y debilita la autonomía que la Constitución reconoce a los entes territoriales.
Matiz enfatizó que los ingresos por licores no son recursos marginales, sino una fuente esencial para sostener sectores estratégicos como la salud pública, la educación y el deporte. En ese sentido, advirtió que cualquier reducción o traslado de estos fondos tendría un impacto directo en la prestación de servicios a la ciudadanía.
La mandataria también cuestionó que el Gobierno Nacional haya expedido el decreto sin un proceso previo de concertación con las regiones. A su juicio, esta falta de diálogo desconoce el principio de descentralización administrativa y abre un debate que va más allá de lo económico.
Otros gobernadores han expresado preocupaciones similares, señalando que el decreto podría sentar un precedente peligroso en el manejo de las rentas territoriales. Por ello, no se descarta la presentación de demandas, intervenciones ciudadanas y acciones coordinadas ante los órganos de control.
Mientras avanza el estudio del decreto en la Corte Constitucional, los departamentos se mantienen en estado de alerta jurídica. La expectativa está puesta en el fallo del alto tribunal, que deberá definir si la medida se ajusta a la Carta Política o si vulnera derechos fundamentales de las regiones.
El desenlace de este pulso jurídico podría marcar un antes y un después en la relación fiscal entre la Nación y los territorios. Para los gobernadores, la defensa de las rentas departamentales es clave para garantizar la sostenibilidad financiera y la autonomía regional.
