El representante a la Cámara, Renzo García, lanzó un fuerte pronunciamiento contra la Cortolima y la Gobernación del Tolima por lo que considera una débil respuesta ante la minería ilegal en el sur del departamento, incluso pidiendo la renuncia de su directora.
En su primer pronunciamiento como representante a la Cámara por el Tolima, Renzo García lanzó una dura crítica contra la gestión ambiental en el departamento, señalando presuntas fallas en la respuesta institucional frente al avance de la minería ilegal en el sur del territorio. Su intervención ha generado un fuerte eco en el escenario político regional.
El congresista cuestionó directamente a la Cortolima, entidad encargada de la protección ambiental, asegurando que su accionar ha sido insuficiente frente a una problemática que, según indicó, está causando graves afectaciones en los ecosistemas y en las comunidades rurales.
García calificó la situación como una “barbarie ambiental”, advirtiendo que la minería ilegal estaría destruyendo importantes zonas naturales del sur del Tolima, sin que hasta el momento se evidencien acciones contundentes por parte de las autoridades competentes.
En medio de su pronunciamiento, el representante hizo un llamado a la unidad institucional, señalando que la gravedad del problema exige dejar de lado las diferencias políticas, ideológicas y electorales para priorizar la defensa del medio ambiente.
El mensaje también estuvo dirigido a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, a quien instó a asumir un rol más activo como presidenta del consejo directivo de Cortolima, orientando a la entidad hacia una respuesta más firme frente a las denuncias ambientales.
Sin embargo, las críticas más contundentes fueron dirigidas a la directora de la corporación, Olga Lucia Alfonso, a quien cuestionó por lo que considera una falta de liderazgo y eficacia en la atención de esta problemática que amenaza los recursos naturales del departamento.
“Si no es capaz, también le pido con todo respeto que renuncie”, afirmó García, en una declaración que ha marcado el tono del debate y que ha comenzado a generar diversas reacciones en el ámbito político y ambiental del Tolima.
El pronunciamiento abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la minería ilegal en la región, evidenciando la presión creciente sobre las autoridades ambientales y departamentales para adoptar medidas urgentes que permitan frenar el deterioro ecológico y proteger los territorios afectados.
