Con la instalación de la Comisión Regional de Seguridad Minera, el Tolima inicia 2026 consolidando una estrategia institucional para promover una minería legal, segura y responsable. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, articula esfuerzos entre entidades nacionales, departamentales y municipales para proteger la vida de los trabajadores, fortalecer la formalización y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en el sector minero.
El departamento del Tolima dio un paso clave en el fortalecimiento de la minería responsable con la instalación de la primera Comisión Regional de Seguridad Minera, una instancia orientada a mejorar las condiciones laborales y de seguridad en el sector. La jornada fue liderada por el Ministerio de Minas y Energía y contó con la participación activa de la Secretaría de Desarrollo Económico del Tolima, a través de la Dirección de Desarrollo Minero Energético, como eje articulador de las acciones territoriales.
La instalación de esta comisión marca el inicio de una agenda estratégica para el año 2026, enfocada en consolidar prácticas mineras legales y sostenibles. En el Tolima, actualmente existen 240 títulos mineros formalizados que reciben acompañamiento institucional permanente, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos, ambientales y de seguridad exigidos por la ley colombiana.
Durante el encuentro, se analizaron los principales parámetros de seguridad industrial y las condiciones laborales que deben cumplir los mineros formalizados. El énfasis estuvo puesto en la prevención de riesgos, la protección de la vida y la salud de los trabajadores, y la correcta implementación de los planes de seguridad y salud en el trabajo dentro de las unidades productivas.
El director de Desarrollo Minero Energético del Tolima, Luis Cárdenas, destacó la relevancia de este espacio de articulación interinstitucional. Señaló que la comisión permite revisar de manera técnica la aplicación de los planes de seguridad industrial y salud ocupacional, especialmente en los pequeños y medianos titulares mineros que desarrollan su actividad de forma legal en el departamento.
La Comisión Regional de Seguridad Minera se consolida como un escenario de coordinación entre el orden nacional, departamental y municipal. Su objetivo central es fortalecer el bienestar, la integridad y la vida de los trabajadores mineros, al tiempo que se promueve una minería responsable que contribuya al desarrollo económico del territorio sin comprometer el entorno social y ambiental.
En el marco de la jornada, se desarrollaron ponencias y conferencias técnicas que resaltaron la importancia del seguimiento, la vigilancia y el control por parte de las autoridades competentes. Estos espacios permitieron socializar los desafíos actuales del sector y las responsabilidades que tienen tanto el Estado como los titulares mineros en materia de seguridad.
En este proceso participan activamente la Gobernación del Tolima, las alcaldías municipales, Cortolima, la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas y Energía, como ente rector del sector. Esta articulación busca brindar asesoría, asistencia técnica y acompañamiento permanente para fortalecer la legalidad y la sostenibilidad de la actividad minera.
Por su parte, Alexánder Reyna, director de Formalización Minera del Ministerio de Minas y Energía, explicó que esta comisión hace parte de un paquete nacional de once instancias regionales. Indicó que la del Tolima, Huila y Caquetá es la cuarta en instalarse y que su propósito es que los actores del territorio se apropien del sistema nacional de seguridad minera y enfrenten de manera conjunta los retos del sector.
Finalmente, desde la Dirección de Desarrollo Minero Energético se reiteró el llamado a los mineros que aún ejercen la actividad de manera informal para que inicien su proceso de formalización. Las autoridades recordaron que la explotación minera sin permisos puede derivar en procesos judiciales por el delito de explotación ilícita de yacimientos, y enfatizaron que la legalidad es el camino para garantizar seguridad, desarrollo y bienestar comunitario.
