La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, confirmó su participación en una reunión con el Ministerio de Hacienda junto a otros mandatarios departamentales, con el fin de analizar los impactos del decreto de emergencia económica que, según advierten, pone en riesgo la estabilidad financiera de las regiones.
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, anunció que asistirá a una reunión convocada por el Ministerio de Hacienda con los gobernadores del país, en medio de la preocupación generalizada por los efectos del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional. El encuentro se realizará en Bogotá y busca abrir un canal de diálogo frente a las afectaciones que la medida tendría sobre las finanzas territoriales.
La mandataria explicó que uno de los principales puntos de discusión será la modificación en el recaudo de impuestos a licores y cigarrillos, ingresos que históricamente han sido administrados por los departamentos. Estos recursos, señaló, son fundamentales para garantizar la financiación de sectores estratégicos como la salud, especialmente en regiones con alta demanda de servicios públicos.
Matiz manifestó que la expedición del decreto sin una concertación previa con los mandatarios departamentales generó inconformidad entre las regiones. A su juicio, este tipo de decisiones debieron ser discutidas antes de su implementación, teniendo en cuenta la autonomía administrativa y financiera que la Constitución otorga a las entidades territoriales.
No obstante, la gobernadora resaltó la importancia del encuentro como un espacio institucional para expresar de manera directa las preocupaciones de los departamentos. Según indicó, la reunión permitirá exponer al ministro de Hacienda los riesgos que representa la aplicación del decreto en su forma actual.
Durante sus declaraciones, la mandataria fue enfática en señalar que algunos artículos del decreto vulneran la autonomía territorial. Afirmó que las medidas planteadas podrían limitar la capacidad de los departamentos para gestionar sus propios recursos y responder a las necesidades de la población.
La gobernadora aclaró que la postura asumida por los mandatarios no corresponde a una actitud de confrontación con el Gobierno Nacional. Por el contrario, aseguró que se trata de una advertencia responsable sobre las consecuencias fiscales y sociales que podrían derivarse de la implementación del decreto.
Según Matiz, de mantenerse las disposiciones actuales, los departamentos serían los primeros en enfrentar una verdadera emergencia económica y social. Esta situación impactaría directamente la prestación de servicios esenciales y el cumplimiento de programas financiados con recursos propios.
Finalmente, la mandataria reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que revise los alcances del decreto y adopte medidas concertadas con las regiones. La gobernadora insistió en que el diálogo y la articulación institucional son claves para evitar afectaciones estructurales a las finanzas departamentales y garantizar la estabilidad de los territorios.
