La gobernadora Adriana Magali Matiz anunció restricciones a maquinaria y control de combustible en municipios como Ataco y Chaparral para frenar el avance de la minería ilegal.
El sur del Tolima enfrenta una situación crítica por el crecimiento acelerado de la minería ilegal, fenómeno que ha obligado a las autoridades departamentales a adoptar medidas urgentes para contener su expansión.
La gobernadora Adriana Magali Matiz confirmó que en municipios como Ataco y Chaparral ya operan más de 300 máquinas dedicadas a esta actividad ilícita, evidenciando un crecimiento sin control en los últimos meses.
Ante este panorama, la administración departamental implementó un conjunto de restricciones enfocadas en afectar la logística de la minería ilegal, incluyendo la prohibición del tránsito de maquinaria amarilla en corredores estratégicos.
La medida también incluye la restricción de circulación para vehículos de más de 25 toneladas en las vías que conectan municipios como Coyaima, Planadas, Ataco y Chaparral, con el objetivo de frenar el ingreso de equipos utilizados en la explotación ilícita.
Uno de los puntos clave de la estrategia es el control del combustible, especialmente la gasolina, insumo esencial para el funcionamiento de retroexcavadoras y otras maquinarias empleadas en la minería ilegal.
Según explicó la mandataria, el abastecimiento de combustible en la región está siendo monitoreado de manera estricta, al igual que las redes de comercialización de oro que operan principalmente en Ataco.
El impacto de esta actividad ilegal también se ha reflejado en el deterioro de la seguridad, con un aumento significativo en los homicidios en la zona, lo que ha generado preocupación entre las autoridades.
De acuerdo con cifras entregadas por la Gobernación, Ataco pasó de seis homicidios en 2024 a doce en 2025, y ya suma diez casos en lo corrido de 2026, lo que evidencia una tendencia al alza.
Frente a este escenario, Matiz solicitó el fortalecimiento de labores de contrainteligencia y la rotación constante de uniformados, con el fin de evitar posibles casos de corrupción dentro de las instituciones.
Las autoridades reiteraron que el objetivo es desarticular las estructuras ilegales desde su base logística, evitando que continúe el avance de una actividad que afecta el medio ambiente, la seguridad y la economía formal del sur del departamento.
