Con un presupuesto inferior a los $700 millones, el Tolima aprobó los primeros recursos de 2026 para fortalecer la seguridad y el orden público, en un año marcado por el calendario electoral y mayores exigencias para la Fuerza Pública.
El departamento del Tolima comenzó el 2026 con la asignación inicial de recursos para atender las necesidades en materia de seguridad y orden público. El presupuesto aprobado es inferior a los $700 millones de pesos, una cifra que refleja los retos financieros con los que arranca el año, en un contexto de mayor demanda operativa por el desarrollo de las elecciones y el fortalecimiento de los controles territoriales.
La decisión se adoptó durante el primer Comité Territorial de Orden Público del año, realizado en la ciudad de Ibagué, donde las autoridades evaluaron las principales necesidades de la Fuerza Pública. En este espacio se definió como prioridad el suministro de combustible, considerado un factor clave para garantizar la movilidad y la capacidad de reacción de las unidades en todo el departamento.
Los recursos permitirán respaldar las operaciones del Ejército Nacional, la Policía Metropolitana de Ibagué, la Policía del Tolima y la Fuerza Aeroespacial, entidades que cumplen un papel fundamental en la seguridad urbana y rural. La inversión busca asegurar el patrullaje, los operativos de control y la presencia institucional en zonas estratégicas.
De igual manera, el presupuesto aprobado contempla apoyo logístico para entidades como Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General de la Nación. Estas instituciones son esenciales para las labores de control migratorio, protección de personas en riesgo e investigación judicial.
Desde la Secretaría de Seguridad departamental se explicó que el monto, que oscila entre los $600 y $700 millones, podría ajustarse durante el transcurso del año, dependiendo de las necesidades operativas y de la disponibilidad de recursos. Las autoridades no descartan nuevas asignaciones si la situación de seguridad así lo exige.
Finalmente, se precisó que estos recursos provienen del cinco por ciento de los contratos de obra pública, descartando la implementación de impuestos de guerra u otras cargas tributarias adicionales. Con esta medida, la Gobernación del Tolima busca optimizar los recursos existentes y mantener la tranquilidad de los ciudadanos.
