La gobernadora Adriana Magali Matiz anunció un paquete de acciones para frenar la minería ilegal en el sur del Tolima, incluyendo restricciones a maquinaria pesada, control de combustible y estrategias de seguridad en municipios como Ataco y Chaparral.
Desde la ciudad de Ibagué, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, presentó una serie de estrategias orientadas a combatir el crecimiento de la minería ilegal en el sur del departamento, una actividad que mueve millonarios recursos y genera graves impactos sociales y ambientales.
El anuncio se dio tras una reunión con altos mandos de la Fuerza Pública, así como representantes de entidades como el Ejército Nacional, la Policía, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y Cortolima, en un esfuerzo articulado con el Gobierno nacional.
Entre las principales medidas se destaca el control riguroso a la comercialización del oro extraído ilegalmente, especialmente en el municipio de Ataco, donde se han identificado redes dedicadas a esta actividad ilícita.
Asimismo, se intensificaron las acciones para supervisar la venta de combustible en la región, teniendo en cuenta que este insumo es clave para el funcionamiento de maquinaria utilizada en la extracción ilegal, como retroexcavadoras.
La mandataria también reiteró la prohibición de circulación de maquinaria pesada en corredores viales que conectan municipios como Coyaima, Ataco, Planadas y Chaparral, medida respaldada por normativa vigente y reforzada con el acompañamiento del Ministerio de Transporte.
Según explicó la gobernadora, esta restricción busca no solo frenar la actividad ilegal, sino también proteger la infraestructura vial y garantizar la seguridad de las comunidades que transitan por estos corredores.
En materia de seguridad, Matiz alertó sobre el aumento de homicidios en Ataco, fenómeno que asoció al crecimiento de la minería ilegal y a la llegada masiva de personas provenientes de otras regiones del país.
Finalmente, la mandataria solicitó a la Fuerza Pública fortalecer los mecanismos de contrainteligencia y establecer la rotación permanente de uniformados en la zona, con el objetivo de prevenir posibles hechos de corrupción y garantizar la efectividad de las operaciones.
