Pese a la suspensión provisional del decreto que proyectaba un aumento en el precio del aguardiente para 2026, la Industria de Licores del Tolima adoptó medidas financieras y acuerdos con proveedores que le permiten reducir costos, mantener la calidad de sus productos y proteger los recursos destinados a la inversión social en el departamento.
La Industria de Licores del Tolima enfrenta un escenario complejo luego de que la Corte Constitucional suspendiera de manera transitoria la entrada en vigencia del decreto 1474 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, el cual contemplaba un aumento en el precio del aguardiente y otros licores a partir de 2026. La decisión judicial generó incertidumbre en el sector licorero, especialmente en las factorías departamentales que dependen de estos ingresos para su sostenibilidad.
Ante este panorama, la gerencia de la Fábrica de Licores del Tolima asumió el reto de proteger la estabilidad financiera de la entidad y evitar una afectación progresiva a su operación. Desde la administración se indicó que la suspensión del decreto obligó a replantear estrategias para mantener la competitividad del aguardiente tolimense en el mercado regional y nacional.
En las últimas horas, la factoría anunció importantes avances en la gestión de costos, tras lograr acuerdos con proveedores de insumos y materias primas. Estas negociaciones permitieron una reducción significativa en los gastos de producción, en un momento clave para la sostenibilidad de la empresa, mientras se define el futuro del decreto en la Corte Constitucional.
La gerente de la Fábrica de Licores del Tolima, Victoria Castillo, informó que gracias a estas gestiones se alcanzaron ahorros superiores a los 1.200 millones de pesos para la vigencia actual. Según explicó, esta optimización financiera representa un alivio importante frente a la presión económica generada por el contexto normativo y el comportamiento del mercado.
Castillo destacó que la reducción de costos no compromete la calidad de los productos insignia de la factoría, entre ellos el aguardiente, ni afecta los estándares de producción que caracterizan a la industria licorera del departamento. De igual forma, aseguró que los recursos que se transfieren a sectores como salud, educación y deporte se mantienen garantizados.
Desde la Gobernación del Tolima se respaldó la estrategia adoptada por la fábrica, señalando que estas decisiones reflejan un manejo responsable y preventivo frente a escenarios adversos. La administración departamental reiteró que la Industria de Licores cumple un papel clave en la financiación de programas sociales en los municipios.
La suspensión provisional del decreto 1474 abre ahora un compás de espera mientras el alto tribunal adopta una decisión de fondo. En este contexto, la factoría continuará ajustando su operación y explorando alternativas que le permitan sostener sus ingresos sin trasladar impactos negativos a los consumidores ni a las finanzas departamentales.
Finalmente, la gerencia de la FLT subrayó que estas acciones evidencian el compromiso institucional con la región y con los tolimenses. En medio de la incertidumbre jurídica y económica, la fábrica apuesta por la eficiencia, la gestión responsable y la defensa de una industria que históricamente ha sido pilar del desarrollo social del Tolima.
