Empresas de transporte público colectivo alertaron que una eventual reducción en la tarifa del pasaje podría llevar a los propietarios de busetas a dejar de operar, al considerar que el sistema ya enfrenta serias dificultades de sostenibilidad económica.
Las empresas de transporte público colectivo de Ibagué manifestaron su preocupación frente a la posibilidad de que la Administración Municipal reduzca la tarifa del pasaje urbano. Según los empresarios del sector, una decisión de este tipo podría generar la suspensión del servicio, al no contar con las condiciones financieras necesarias para continuar operando. La advertencia surge en medio del debate ciudadano por el reciente incremento del pasaje. Los transportadores aseguran que el sistema atraviesa una situación crítica. El escenario, señalan, pone en riesgo la movilidad de miles de usuarios. También afecta directamente a los propietarios de los vehículos. El sector pidió un análisis técnico antes de tomar decisiones.
César Martínez, gerente de la Cooperativa Tolimense de Transportes Expreso Ibagué, indicó que los propietarios de busetas de varias empresas sostuvieron una reunión reciente. En dicho encuentro, acordaron no prestar el servicio en caso de que se ordene una disminución del valor actual del pasaje. Según explicó, la medida sería una respuesta a la imposibilidad de cubrir los costos operativos. Martínez afirmó que los vehículos quedarían parqueados. La determinación, dijo, no busca generar presión indebida. Responde, aseguró, a la falta de viabilidad económica. El mensaje fue enviado directamente a la Alcaldía.
El directivo explicó que el incremento de 400 pesos aplicado a la tarifa se definió antes de conocerse el aumento del 23 % en el salario mínimo. Esta situación, según afirmó, impactó de manera negativa la estructura de costos del sector transportador. A ello se suman otros gastos como combustible, mantenimiento y repuestos. Martínez señaló que el ajuste tarifario quedó desfasado frente a la realidad económica. Por esta razón, considera inviable una reducción adicional. El aumento salarial elevó significativamente los gastos de operación. El sector no cuenta con márgenes de maniobra.
Frente a los señalamientos sobre supuestos sobrecostos en la tarifa, Martínez desestimó dichas versiones. Indicó que el pasaje en Ibagué, fijado en 3.300 pesos, se encuentra en niveles similares a los de otras ciudades intermedias. Mencionó casos como Villavicencio y Armenia, donde incluso se evalúan nuevos incrementos. También comparó la situación con Cartagena y Barranquilla. En estas ciudades, dijo, las tarifas son más altas. Sin embargo, cuentan con esquemas de subsidio. Ibagué no tiene ese respaldo.
El gerente de Expreso Ibagué resaltó que en la capital del Tolima el transporte colectivo es operado por empresas privadas. Estas no reciben ningún tipo de subsidio estatal. Esta condición, afirmó, ha afectado la sostenibilidad del sistema. Según explicó, la falta de rentabilidad ha generado un estancamiento en la renovación del parque automotor. Desde el año 2019, aseguró, no han ingresado nuevos vehículos. Esta situación impacta la calidad del servicio. También limita la modernización del sistema. El sector enfrenta un panorama complejo.
No obstante, Martínez aclaró que los transportadores no se oponen de manera absoluta a una reducción tarifaria. Indicó que estarían dispuestos a aceptarla siempre que exista un esquema de subsidios que compense la diferencia. Según dijo, lo fundamental es garantizar el equilibrio financiero del sistema. “Si la rebaja es subsidiada, no tenemos inconveniente”, afirmó. El objetivo, sostuvo, es mantener la prestación del servicio. También asegurar condiciones dignas para los conductores. El diálogo con la Administración es clave.
El pronunciamiento del sector se da en un contexto de presión social por el costo del pasaje. Diversas organizaciones han solicitado una reducción en la tarifa. Argumentan que el incremento afecta a estudiantes y trabajadores. Frente a este escenario, los transportadores piden que se analicen todas las variables. Insisten en que las decisiones deben basarse en estudios técnicos. Advierten que una medida improvisada tendría consecuencias graves. La movilidad urbana podría verse afectada. El llamado es a la concertación.
Finalmente, César Martínez indicó que las empresas continúan trabajando en mejorar la calidad del servicio. Señaló que se vienen adelantando acciones conjuntas con la Secretaría de Movilidad. Estas buscan optimizar la operación y la atención a los usuarios. El sector reiteró su disposición al diálogo. No obstante, insistió en la necesidad de soluciones estructurales. La sostenibilidad del transporte colectivo está en juego. Las decisiones que se tomen marcarán el futuro del sistema. Ibagué enfrenta un momento clave en materia de movilidad.
