En una decisión histórica, la Sala Penal revocó la casa por cárcel y calificó la gestión de los exfuncionarios como una «empresa criminal» dedicada a la compra de votos en el Congreso.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ha propinado un golpe judicial definitivo al ordenar la detención inmediata en centro carcelario de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. La magistratura determinó que ambos exjefes de cartera están seriamente comprometidos en un entramado de corrupción administrativa de alto nivel que desvió recursos de la UNGRD. Según el fallo, existió una utilización sistemática de la autoridad ministerial para direccionar presupuestos públicos hacia fines políticos ilegales. La justicia descartó tajantemente la detención domiciliaria, argumentando que la jerarquía de los cargos ocupados agrava la naturaleza de los delitos cometidos. Para el Tribunal, la protección de la moralidad pública exige que los procesados enfrenten el juicio desde una celda y no desde sus residencias.
En un análisis jurídico sin precedentes, el Tribunal destacó que Luis Fernando Velasco mantenía un contacto estratégico y permanente con congresistas para asegurar apoyos legislativos mediante prebendas. La Sala fue enfática al señalar que las actuaciones investigadas no fueron improvisadas, sino que respondieron a una planificación fría y estructurada desde el Ejecutivo. Se describió la existencia de una «división de tareas» dentro de lo que los magistrados calificaron técnicamente como una «empresa criminal» de amplio alcance. Este diseño delictivo tenía como único fin comprar la voluntad de los legisladores para garantizar la aprobación de las reformas gubernamentales. El uso del erario como moneda de cambio representa, según el fallo, uno de los ataques más graves contra la democracia colombiana.
La Fiscalía General imputó a los exministros cargos por concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos durante su gestión. A pesar de la gravedad de las pruebas, tanto Bonilla como Velasco se declararon inocentes y rechazaron las acusaciones en la audiencia del pasado primero de diciembre. El ente acusador sostiene que en las sedes de los ministerios de Hacienda e Interior se impartieron órdenes precisas para la entrega de contratos. Estas reuniones en el centro de Bogotá habrían servido para protocolizar los sobornos exigidos por parlamentarios a cambio de sus votos favorables. La investigación sugiere que el presupuesto destinado a la atención de desastres terminó financiando intereses políticos privados.
La justicia otorgó plena credibilidad al testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien se convirtió en la testigo central del expediente. Benavides aseguró haber presenciado encuentros clave donde se coordinaba la repartición de contratos y el direccionamiento de recursos estatales hacia el Congreso. Su declaración permitió a los investigadores trazar la ruta del dinero y entender cómo se operaba desde las altas esferas del poder ejecutivo. Gracias a estos aportes, el Tribunal pudo establecer que la corrupción no fue un hecho aislado, sino una política coordinada de manejo legislativo. La exasesora ha suministrado pruebas que comprometen aún más la situación jurídica de sus antiguos jefes inmediatos.
El Tribunal fue enfático al negar cualquier beneficio de casa por cárcel, contradiciendo la solicitud inicial de la Fiscalía General de la Nación que buscaba clemencia. Para la Sala, el presunto uso indebido del poder estatal y la gravedad de los hechos impiden otorgar un trato diferencial a los exministros. El fallo subraya que la sociedad demanda justicia ejemplar frente a quienes, teniendo el deber de proteger los recursos, los utilizaron para delinquir. Esta determinación marca un hito judicial de alto impacto, enviando un mensaje de cero tolerancia ante la corrupción en el nivel ministerial. La captura inmediata busca asegurar que los implicados no interfieran con el proceso ni evadan la acción de la justicia.
Finalmente, esta decisión judicial representa el escándalo de corrupción más grave que ha golpeado la administración del presidente Gustavo Petro hasta la fecha. El precedente sentado por el Tribunal Superior de Bogotá debilita la narrativa de transparencia del Gobierno y pone en duda la legitimidad de varios trámites legislativos. Mientras Bonilla y Velasco son trasladados a un establecimiento carcelario, el país espera que la investigación alcance a los congresistas que recibieron los sobornos. La crisis institucional generada por el manejo de la UNGRD parece apenas comenzar su etapa más oscura en los tribunales nacionales. La vigilancia ciudadana y de los medios de comunicación será fundamental para garantizar que este caso llegue a una sentencia definitiva.
