Una acción de tutela interpuesta por el exmagistrado Alejandro Linares Cantillo cuestiona el decreto del Gobierno Nacional que fijó un incremento cercano al 23 % del salario mínimo, alegando vulneración al debido proceso y posibles afectaciones a mipymes y empleo formal.
El incremento del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 quedó en el centro del debate jurídico y político tras la presentación de una acción de tutela que busca dejar sin efectos los decretos expedidos por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La acción fue interpuesta por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo, quien actúa como apoderado especial de Alexander Donato Rondón, y fue radicada ante un Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, bajo el argumento de una presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso.
Según el documento, la tutela va dirigida contra la Nación, la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda, al considerar que el aumento del salario mínimo y del auxilio de transporte se decretó sin agotar adecuadamente el mandato constitucional de concertación tripartita.
El apoderado sostiene que el Decreto 1469 de 2025, junto con el Decreto 1470 del mismo año, fijó un incremento promedio del 23,7 %, el cual ya produce efectos desde el 1 de enero de 2026, generando un perjuicio inmediato e irremediable por su impacto económico.
De acuerdo con la acción judicial, este aumento tendría consecuencias negativas directas sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, así como sobre comerciantes y trabajadores informales, quienes no estarían en capacidad de asumir los nuevos costos laborales sin afectar el empleo.
En el escrito se solicita como medida provisional la suspensión inmediata de los decretos mientras se adopta una decisión de fondo, argumentando que esta es la única vía para preservar de manera transitoria el derecho fundamental al debido proceso.
El documento también advierte que el salario mínimo fue incrementado pese a que durante más de dos décadas el proyecto había sido considerado fallido en términos de concertación efectiva, y que no se habría evaluado de forma suficiente el impacto macroeconómico y social de la medida.
Finalmente, el caso abre un escenario de incertidumbre jurídica sobre la estabilidad del salario mínimo fijado para 2026, mientras el juez constitucional analiza la procedencia de la tutela y el país se pregunta si la decisión del Ejecutivo podría ser suspendida o incluso anulada por vía judicial.
