El expresidente Álvaro Uribe Vélez generó controversia con declaraciones críticas al aumento del salario mínimo en Colombia, argumentando que un incremento excesivo puede ser perjudicial para la economía y el empleo, reavivando el debate sobre la política salarial en el país.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a encender el debate político y económico en Colombia tras su más reciente pronunciamiento sobre el aumento del salario mínimo, en el contexto de las decisiones de política económica tomadas por el Gobierno actual. Uribe señaló que, en su opinión, frenar incrementos altos del salario mínimo sería “por el bien de Colombia”, generando reacciones encontradas en diversos sectores.
Las declaraciones del líder político se conocen en medio de un histórico aumento del salario mínimo decretado para 2026, el cual supera el 22 % y sitúa la remuneración en aproximadamente 1,75 millones de pesos mensuales, más subsidio de transporte, como parte de las medidas anunciadas por el presidente Gustavo Petro para reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
Uribe ha sido crítico de las políticas de salario mínimo de la administración Petro durante varios meses, señalando en ocasiones anteriores que incrementos deben ser “perdurables” y sostenibles para no afectar negativamente la economía formal y el empleo, lo que para él implica cambios en impuestos y condiciones laborales.
Sus declaraciones han generado un amplio eco entre economistas y representantes de diferentes sectores productivos del país. Algunos respaldan la necesidad de cautela ante aumentos significativos, advirtiendo posibles efectos adversos sobre la inflación, costos empresariales y empleo formal si no se acompaña de medidas complementarias.
Por otra parte, líderes sindicales y organizaciones de trabajadores han rechazado las críticas de Uribe, defendiendo que el salario mínimo debe reflejar el costo de vida real de las familias colombianas y proteger el poder adquisitivo de millones de hogares. Este sector argumenta que incrementos significativos son necesarios para afrontar el aumento de precios en bienes básicos.
El debate sobre la política salarial en Colombia toma aún más relevancia ante el entorno electoral de 2026 y los desafíos macroeconómicos actuales, incluyendo las negociaciones entre empresarios, trabajadores y el Gobierno para definir criterios de crecimiento económico compatibles con estabilidad del empleo y control de la inflación.
Este choque de opiniones evidencia las tensiones existentes entre diferentes propuestas económicas en Colombia: una que prioriza el estímulo al ingreso de los trabajadores y otra que enfatiza la sostenibilidad empresarial y la preservación del empleo en un contexto de inflación y crecimiento económico restringido.
La discusión pública sobre el salario mínimo continúa, con diversos actores sociales y políticos participando activamente en la construcción de posturas que definirán, de cara a 2026, los lineamientos de política económica y laboral en el país.
