En una audiencia judicial por el escándalo de corrupción en la UNGRD, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco proclamó su inocencia, afirmando que testigos clave han mentido para obtener reducciones de pena, y anunció su entrega inmediata a las autoridades tras la imposición de medida de aseguramiento en prisión.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, intervino en la audiencia del Tribunal Superior de Bogotá el 19 de diciembre de 2025, donde se legalizó su captura por presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Visiblemente firme, Velasco declaró: «Soy inocente», enfatizando que su lugar es enfrentar a los colombianos directamente. Esta reacción se produjo tras la decisión judicial de enviarlo a la cárcel La Picota, junto al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, por delitos como cohecho y enriquecimiento ilícito.
Durante su intervención, Velasco rechazó los cargos imputados por la Fiscalía, argumentando que no tiene nada que negociar porque es inocente. Insistió en que defenderá su posición con elementos probatorios sólidos, desestimando las acusaciones basadas en testimonios que, según él, son falsos. «Mi lugar es este, dándole la cara a los colombianos y diciéndoles que soy inocente», afirmó, en un tono que medios describieron como airado pero resuelto.
Un punto clave de su defensa fue la denuncia contra los testigos, a quienes acusó de mentir a cambio de beneficios judiciales. Velasco señaló que figuras como Olmedo López, exdirector de la UNGRD, han fabricado declaraciones para obtener reducciones de pena, y que su equipo legal demostrará fácilmente estas inconsistencias. Esta afirmación se alinea con declaraciones previas suyas en marzo de 2025, donde ya cuestionaba la credibilidad de tales testimonios.
La audiencia culminó con la legalización de las capturas, emitidas la noche del 18 de diciembre. Velasco, quien se entregó voluntariamente tras la orden, anunció al final de su intervención: «Termino esta intervención y me presento ante las autoridades». Fuentes judiciales indican que la Fiscalía tiene 90 días para presentar escrito de acusación, mientras ambos exministros permanecen en prisión preventiva.
El caso UNGRD involucra presuntos desvíos de fondos destinados a la compra de carrotanques para agua en La Guajira, con implicaciones de sobornos y contratos irregulares. Velasco y Bonilla, cercanos al presidente Gustavo Petro, han sido señalados por testigos como receptores de coimas. Analistas políticos ven en esto un golpe a la administración, aunque el Gobierno mantiene que se trata de persecución.
Reacciones en redes y medios han sido intensas, con simpatizantes de Velasco destacando su entereza y opositores exigiendo justicia. El exministro, con trayectoria en el Senado, reiteró su confianza en el proceso judicial para probar su inocencia, mientras la investigación avanza. Este episodio subraya las tensiones en la lucha anticorrupción en Colombia.
