Tras un debate de control político liderado por la concejal Sandra Varón, la Contraloría Municipal inició procesos financieros, contractuales y fiscales contra Infibagué. Los hallazgos apuntan a contratos directos por más de $8.000 millones y presuntas irregularidades en la gestión de recursos.
La Contraloría Municipal de Ibagué abrió investigaciones contra Infibagué luego de los hallazgos revelados en un debate de control político convocado el pasado 25 de julio por la concejal del Partido Conservador, Sandra Varón. Según la cabildante, los procesos abarcan aspectos financieros, contractuales, fiscales, administrativos y de gestión de recursos, con el fin de revisar el manejo de los fondos públicos en esta entidad.
Varón explicó que los hallazgos están relacionados con dos contratos adjudicados de manera directa a una empresa del Valle por más de $8.000 millones. Lo que más llamó la atención, según su versión, es que ambas contrataciones fueron ejecutadas en un tiempo récord y estuvieron orientadas a la inscripción de un software, lo que ha generado dudas sobre la pertinencia y transparencia del proceso.
En su intervención, la concejal también cuestionó una reciente reestructuración de personal en la entidad. Señaló que la idoneidad de uno de los cargos estaría en entredicho debido a un vínculo familiar con otro funcionario de Infibagué, lo que podría configurar un conflicto de interés dentro de la planta laboral.
“Gracias al control político que realizamos, hoy la Contraloría abre procesos en todas las áreas de gestión. Lo que encontramos son adjudicaciones directas por cifras millonarias y con tiempos de ejecución muy cortos, lo que despierta inquietudes sobre la forma en que se están administrando los recursos públicos”, puntualizó la concejal Varón.
La cabildante agregó que, a la fecha, Infibagué suma más de 200 contratos por un valor cercano a los $5.000 millones. Sin embargo, criticó que, pese a que la misión de la entidad es actuar como banca de desarrollo, los préstamos realizados a empresas municipales como IBAL e Ibagué Limpia no han generado pago de intereses, a diferencia de los créditos con entidades bancarias nacionales, los cuales sí se cumplen puntualmente.
Varón también alertó sobre la falta de calificación de Infibagué ante la Superintendencia desde 2023, situación que limita su capacidad de operación como entidad de financiamiento. Aseguró que este aspecto agrava el panorama, pues se están manejando recursos sin contar con los requisitos de vigilancia y control que exige la normativa.
Los entes de control, según explicó, han otorgado un plazo de seis meses para que la entidad responda a las observaciones y entregue explicaciones sobre los hallazgos detectados. Mientras tanto, el Concejo de Ibagué anunció que mantendrá la trazabilidad del caso y adelantará nuevos debates de control político sobre Infibagué.
Finalmente, Sandra Varón hizo un llamado a la ciudadanía para que presente denuncias formales ante los organismos competentes en caso de identificar más irregularidades. La concejal aseguró que continuará ejerciendo veeduría para que se garantice transparencia en el manejo de los recursos públicos y se aclare la situación contractual de Infibagué.
