La Corporación Autónoma Regional del Tolima denunció graves daños ambientales causados por la minería ilegal en Ataco. La entidad pidió la intervención del Gobierno Nacional ante la destrucción de bosques, ríos y suelos en la región sur del departamento.
Una grave alerta ambiental lanzó la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) por el avance de la minería ilegal en el municipio de Ataco, donde esta actividad está devastando los ecosistemas del sur del departamento. La entidad advirtió que la situación ha alcanzado niveles críticos, con daños irreversibles en zonas estratégicas para la conservación de la biodiversidad y el abastecimiento hídrico.
De acuerdo con los reportes técnicos, la minería ilegal ha destruido amplias extensiones de cobertura vegetal y contaminado fuentes hídricas esenciales. En operativos realizados junto al Ejército, la Policía y la Fiscalía, se hallaron retroexcavadoras, dragas y piscinas de extracción en áreas rurales, lo que evidencia la magnitud del problema.
Los expertos de Cortolima confirmaron afectaciones severas en el río Saldaña y en afluentes como el Atá, Pole y Guanabanito. En estos cuerpos de agua se registró remoción total del terreno, pérdida de fauna y flora, y alteración del equilibrio ecológico, lo que pone en riesgo la sostenibilidad ambiental y la calidad del agua que abastece a comunidades locales.
“Hemos encontrado daños irreversibles en los ecosistemas, pérdida total de cobertura vegetal y contaminación de fuentes hídricas. Por eso hacemos un llamado urgente a fortalecer el control interinstitucional y la conciencia ambiental en la región”, señaló Alexandra Ospina, subdirectora de Administración de Recursos Naturales de Cortolima.
La corporación ambiental informó además que en Ataco se han abierto 34 procesos sancionatorios, de los cuales 25 ya cuentan con decisión de fondo. Sin embargo, la expansión de la minería ilegal está alcanzando otros municipios del sur como Chaparral, Planadas y Rioblanco, lo que agrava la situación ecológica del territorio.
Ante este panorama, Cortolima solicitó la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) con participación de las autoridades nacionales, departamentales y locales, con el fin de coordinar acciones urgentes que permitan frenar la deforestación, recuperar los ecosistemas y judicializar a los responsables de estas prácticas ilícitas.
La entidad también hizo un llamado a las comunidades rurales para que denuncien la presencia de actividades extractivas ilegales y se conviertan en aliados en la defensa del patrimonio natural del Tolima. “La minería ilegal no solo destruye el ambiente, también compromete la vida y la economía de las poblaciones”, recalcó Ospina.
Con esta denuncia, Cortolima reitera su compromiso de fortalecer la vigilancia ambiental y promover un desarrollo sostenible en el sur del Tolima, donde la protección de los recursos naturales se ha convertido en una urgencia para garantizar el futuro ambiental y social de la región.
