Dos viviendas campesinas fueron demolidas tras fallo judicial en el Cañón del Combeima. Líderes indígenas señalan vulneración de jurisdicción ancestral y alertan sobre posibles desalojos a más familias.
En el Cañón del Combeima, Tolima, dos familias campesinas fueron desalojadas este viernes y sus viviendas demolidas tras un fallo judicial que favoreció a un particular en un proceso de reivindicación de tierras. Para los afectados, uno de ellos con más de 37 años viviendo allí, la acción no solo significa perder su hogar, sino el reconocimiento de una vida construida con esfuerzo.
Ana Gilma Vaquiro, una de las adultas mayores desalojadas, lamentó que después de décadas de ocupación se vean desplazadas sin alternativas. “Llevamos aquí más de 37 años. Ver cómo destruyen lo que levantamos con esfuerzo es completamente injusto”, aseguró con voz dolida.
Representantes de la guardia indígena denunciaron que durante el operativo se ignoró la jurisdicción indígena y se pasaron por alto los derechos humanos que asisten a este grupo. Diana Carolina Aterhortua, vocera del sistema jurídico propio del pueblo pijao, afirmó que fueron tratados como invasores cuando la zona ha habitado generaciones de su comunidad.
Según testimonios de personas del sector, Cortolima había expresado su oposición al desalojo en varias instancias, argumentando que la reivindicación no correspondería a terrenos estatales. Sin embargo, el juez falló a favor de quien adquirió los títulos del predio hace cerca de diez años.
Durante el desalojo, la demolición de las viviendas no solo afectó a esas dos familias directamente, sino que encendió la alarma en al menos otras diez hogares del Cañón del Combeima, que podrían enfrentar situaciones similares en los próximos meses si prosperan más demandas de reivindicación.
La tensión en la zona se incrementa por lo que los afectados describen como falta de transparencia en el proceso legal. Piden acceso a los documentos del litigio, copia de la sentencia, reconocimiento de pruebas de posesión, y que se respeten los mecanismos de justicia indígena y la protección humana.
Autoridades locales no se han pronunciado aún con claridad sobre medidas de acompañamiento para las familias desalojadas. Por ahora, los damnificados se encuentran en una situación de vulnerabilidad, sin techo, y exigen garantías básicas de restitución o reubicación. La comunidad espera que organismos de derechos humanos intervengan.
Este caso revive el debate sobre la reivindicación de tierras en zonas campesinas y comunidades indígenas, la compatibilidad de los títulos privados con las condiciones históricas de ocupación, y la necesidad de mecanismos legales que equilibren derecho de propiedad, derechos ancestrales y justicia social.
