Procuraduría General de la Nación investiga a exsecretaria de Infraestructura y otros directivos por supuestas omisiones en la planeación y ejecución del contrato del puente vehicular en la carrera Quinta con calle 60, proyecto que enfrenta sobrecostos y retrasos.
La Procuraduría General de la Nación ha puesto en marcha una investigación disciplinaria formal contra varios exfuncionarios de la Alcaldía de Ibagué por presuntas irregularidades graves. El foco de la indagación es el contrato de obra No. 1312 de 2023, destinado a la crucial construcción del puente vehicular ubicado estratégicamente en la carrera Quinta con calle 60.
Este proyecto es considerado una de las obras viales más importantes para la movilidad de la capital del Tolima, lo que aumenta la relevancia y el impacto de los hallazgos preliminares por parte del ente de control. La decisión busca establecer las responsabilidades en las deficiencias técnicas y administrativas que han entorpecido el desarrollo de la infraestructura.
Entre los exfuncionarios llamados a responder se encuentra Sharon Dayana Guzmán González, quien se desempeñó como exsecretaria de Infraestructura de la ciudad. Su rol es central, dada la naturaleza de las presuntas fallas que se originaron en la etapa de planeación y estructuración del contrato.
Junto a Guzmán González, también están siendo investigados Diego Fernando Herrán Triana y Leonel Alfredo Nieto Suárez, quienes ocuparon los cargos de exdirector Técnico y exdirector Operativo, respectivamente. La participación de la cúpula de la cartera de Infraestructura sugiere que las omisiones serían estructurales.
La lista de investigados se completa con la exasesora Juliett Rojas Millán, indicando que la presunta responsabilidad se extiende a varios niveles dentro del equipo encargado de la estructuración del ambicioso proyecto vial. El órgano de control busca desentrañar cómo se diseñó el contrato con estas supuestas falencias.
Las irregularidades encontradas hasta el momento son significativas y se concentran principalmente en la fase de planeación de la obra, donde se habrían omitido actividades esenciales para el correcto y oportuno desarrollo del proyecto. La Procuraduría ha detallado estas omisiones.
Una de las omisiones más destacadas es la no inclusión de la adecuación de vías alternas para mitigar el impacto en el tráfico de la zona durante la construcción, lo que habría generado serias afectaciones a la movilidad de los ibaguereños. El tráfico es una preocupación constante en este corredor.
Además, se habría pasado por alto la instalación de una red provisional eléctrica, actividad fundamental para la continuidad de los trabajos y para evitar interrupciones en el servicio a los ciudadanos aledaños al sector de la obra. Las consecuencias de esta omisión fueron notorias.
Estas deficiencias iniciales en la planeación tuvieron una cascada de efectos negativos, derivando en la necesidad de firmar actas adicionales al contrato original para poder incluir los trabajos que no fueron previstos inicialmente. Esto generó un aumento en el costo.
La situación más preocupante es una presunta desfinanciación del proyecto, la cual se estima en una cifra cercana a los $1.500 millones de pesos, un monto considerable que agrava la situación económica del contrato, sumándose a los retrasos notables en la entrega de la infraestructura vial a la ciudadanía.
La Procuraduría General de la Nación ha manifestado que su objetivo primordial es establecer la responsabilidad disciplinaria de cada uno de los exfuncionarios involucrados en estas presuntas deficiencias técnicas y administrativas. La transparencia en la ejecución de recursos públicos es la prioridad en este proceso.
El impacto de las fallas recae directamente sobre la movilidad de la capital tolimense, una ciudad en constante crecimiento que requiere de una infraestructura vial eficiente. Se espera que la investigación avance rápidamente para determinar las sanciones pertinentes.
