Durante una audiencia judicial, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, alertó que las millonarias deudas de las EPS con los hospitales del departamento superan el billón de pesos, afectando el pago de nóminas, la compra de insumos y la atención médica en toda la red pública.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lanzó una fuerte advertencia durante la audiencia convocada para revisar la acción popular interpuesta por la Gobernación contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Según la mandataria, el sistema de salud del departamento se encuentra en una situación límite debido a las cuantiosas deudas que las EPS mantienen con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
Matiz aseguró que la cartera acumulada supera el billón de pesos, cifra que pone en riesgo la estabilidad operativa y financiera de los hospitales públicos. “Sin recursos no podemos garantizar la atención en los hospitales del Tolima. Este es un riesgo financiero y operativo que amenaza directamente la vida de los ciudadanos”, enfatizó ante el magistrado que presidía la audiencia.
La gobernadora explicó que el Hospital Federico Lleras Acosta, el principal centro asistencial del departamento, enfrenta graves dificultades para cubrir los pagos de nómina y adquirir medicamentos e insumos. “Así como no tenemos para pagar a los empleados, tampoco contamos con los recursos para los proveedores. Esta situación se ha extendido a toda la red hospitalaria del Tolima”, sostuvo Matiz.
Durante su intervención, la mandataria también denunció que algunas EPS se han negado a establecer acuerdos de pago, generando mayor presión sobre los presupuestos hospitalarios. Según indicó, esta falta de compromiso amenaza con paralizar los servicios básicos de salud, especialmente en los municipios más apartados del departamento.
En la audiencia, la Gobernación del Tolima reiteró la solicitud de medidas urgentes por parte de la justicia para obligar a las EPS a saldar sus deudas y garantizar el flujo de recursos hacia los hospitales públicos. “La salud no puede seguir siendo una deuda. Estamos hablando de vidas humanas, de la dignidad del personal médico y de la sostenibilidad del sistema”, afirmó Matiz.
La acción popular busca establecer un precedente judicial que obligue al cumplimiento de las obligaciones financieras por parte de las EPS, las cuales —según la administración departamental— han incumplido de forma reiterada los acuerdos de pago establecidos con la red pública.
En la misma sesión, representantes de los hospitales del Tolima manifestaron su respaldo a la posición de la Gobernación, advirtiendo que la falta de recursos pone en riesgo la atención de miles de pacientes y podría llevar al cierre de varios servicios médicos.
El llamado de la gobernadora Matiz busca no solo soluciones inmediatas, sino también una reforma estructural que garantice la estabilidad del sistema de salud. “No podemos seguir tapando huecos con paliativos. Necesitamos una respuesta de fondo que salve nuestros hospitales y asegure la atención digna de los tolimenses”, concluyó la mandataria.
