Para el presidente Gustavo Petro y el Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, es necesario que el FOMAG, cambie su modelo de atención.
El Gobierno planteó transformar el FOMAG en materia de salud hacia un modelo con adscripción directa al Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), eliminando intermediarios y adoptando el giro directo a hospitales y clínicas. El Presidente sostuvo que “si el FOMAG no está adscrito a una aseguradora sino al Ministerio de Salud y empezamos a realizar con ADRES lo mismo que ya estamos realizando con los hospitales y clínicas, de manera directa, sin intermediarios”.
Otro de los ejes es garantizar la libre elección del médico y de la institución prestadora, eliminando restricciones impuestas por operadores o funcionarios. “El usuario del FOMAG debe escoger libremente su médico y eso significa escogencia libre de la IPS”, enfatizó el mandatario.
La propuesta también incluye un énfasis en la prevención y la atención primaria. El modelo buscaría que equipos médicos lleguen a las escuelas para realizar tamizajes y diagnósticos oportunos en salud mental, cardiovascular y otras áreas críticas. “La medicina preventiva es universal. Es el gran logro de este gobierno: el derecho a la salud, no el derecho a estar afiliado”, subrayó el Presidente.
Tarifario estatal y dignificación del talento humano en salud
Un componente central de la reforma sería la creación de un tarifario único regulado por el Estado, que recoja los costos reales de medicamentos y tratamientos, siguiendo modelos como el del Reino Unido. “El tarifario, responsabilidad del Estado, recoge los costos de medicinas, no los que nos digan porque entonces nos multiplican por 10 la medicina”, explicó el Presidente.
Este tarifario tendría un doble objetivo; controlar los sobrecostos y reconocer de manera justa los honorarios del personal de salud, reduciendo la tercerización laboral que persiste en el régimen. Se busca así profesionalizar la contratación del talento humano y evitar prácticas que precarizan su trabajo.
FECODE defiende la Ley 91 de 1989 y el régimen especial del magisterio.
FECODE defendió la vigencia de la Ley 91 de 1989, que dio origen al régimen especial del magisterio, anterior a la Ley 100 de 1993. “La Ley 91 del 89 la defendemos y esto sí debe quedar claro en esta reunión, porque necesitamos que la ley como tal consagre algo que hemos dicho”, afirmó.
El sindicato reconoció los avances del Acuerdo 03 de 2024, que eliminó los operadores regionales y centralizó la gestión en la Fiduprevisora, pero manifestó preocupación por la falta de auditoría independiente y por la concentración del control en un único operador.
Adicionalmente, FECODE reclamó soluciones estructurales a problemas de cesantías y pensiones, y exigió financiamiento estatal para Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Según el gremio, el próximo año se requerirán al menos 129.000 millones de pesos en esta materia.
Denuncias de corrupción y control de la Fiduprevisora.
Las intervenciones también pusieron de relieve graves denuncias sobre corrupción en el manejo del FOMAG. El Presidente habló de “contratación fraudulenta” y de cooptación de la dirección por parte de la Fiduprevisora, con efectos en la prestación del servicio. El vicepresidente del FOMAG, Aldo Cadena, agregó que la resistencia a los cambios responde a la “codicia sin límites” de los actores involucrados.
El Ministro de Trabajo fue más allá y describió una situación de “chantaje”, donde la Fiduprevisora condiciona la aprobación de decisiones en el Consejo Directivo, amenazando con paralizar los servicios si no se acogen sus propuestas. Estas denuncias reflejan una crisis de gobernanza que impacta directamente en la calidad y continuidad de los servicios de salud a docentes y sus familias.
Retos de implementación y sostenibilidad financiera
Más allá de las denuncias y propuestas, el debate dejó en evidencia los desafíos de implementar un nuevo modelo. La falta de unidad gubernamental dentro del Consejo Directivo del FOMAG, las resistencias institucionales y los intereses económicos de operadores hacen que la transición requiera consensos políticos, acompañamiento técnico y control estricto de la ejecución.
El costo creciente de los servicios, la presión sobre el presupuesto educativo y la necesidad de articular la reforma del FOMAG con la del sistema general de salud son elementos que marcarán el ritmo de las decisiones. Una reforma apresurada sin estos ajustes podría generar riesgos adicionales de fragmentación o ineficiencia.
Entre tanto, el Consejo de Ministros confirmó que el futuro del FOMAG en materia de salud es uno de los temas más sensibles y estratégicos para el país. De un lado, el gobierno insiste en aplicar en este régimen especial los principios de la reforma general de salud: prevención universal, giro directo y libre elección. Del otro lado, FECODE defiende la especificidad del régimen docente, reclamando respeto por la Ley 91 y exigiendo auditoría y control independientes.
La sostenibilidad financiera, la lucha contra la corrupción y la definición de un nuevo modelo de aseguramiento serán determinantes para que el FOMAG cumpla con su misión de proteger la salud de los maestros y sus familias, sin comprometer los recursos de la educación.
