Autoridades confirmaron la destrucción de cuatro excavadoras y la incautación de motores industriales en una zona rural de Ataco, Tolima. Según inteligencia militar, la maquinaria pertenecía al Frente “Ismael Ruiz” de las disidencias, que obtenía millonarias ganancias mensuales producto de la explotación ilícita de oro.
En un contundente operativo desarrollado en el sur del Tolima, las autoridades confirmaron la destrucción de cuatro excavadoras y la incautación de dos motores industriales utilizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros en zona rural del municipio de Ataco. La acción forma parte de los esfuerzos interinstitucionales para frenar las economías ilegales que financian a grupos armados en esta región del país.
De acuerdo con la información oficial, la maquinaria incautada tenía un valor aproximado de 2.000 millones de pesos y era empleada por el Frente “Ismael Ruiz” de las disidencias. Según la inteligencia militar, esta estructura obtenía entre 1.500 y 2.000 gramos de oro al mes, generando ingresos ilícitos que superaban los 1.000 millones de pesos.
El operativo se enmarca dentro del plan institucional de protección del capital natural del país, estrategia que busca atacar de manera directa las fuentes de financiación de grupos armados ilegales mediante la intervención de actividades extractivas no autorizadas. La minería ilegal, además de su impacto económico, representa una amenaza ambiental significativa para los ecosistemas del sur del Tolima.
Durante el procedimiento, las autoridades reportaron algunos momentos de tensión en la zona por la presencia de maquinaria pesada y personal uniformado. Sin embargo, no se presentaron enfrentamientos ni disturbios con la comunidad local, que ha sido testigo de los graves daños que esta práctica genera en el entorno natural.
El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía y la Fiscalía General de la Nación, participó en la operación que fue planificada con base en información de inteligencia y labores de reconocimiento aéreo. Estos esfuerzos permitieron identificar los puntos específicos donde operaban las máquinas destruidas.
Las autoridades aseguraron que este tipo de acciones seguirán adelantándose en otras zonas del departamento donde se ha detectado la presencia de minería ilegal, la cual no solo afecta el medio ambiente, sino que fortalece las finanzas de organizaciones armadas residuales.
Asimismo, se destacó la importancia de la articulación entre las instituciones del Estado, los entes territoriales y las comunidades para prevenir la expansión de esta actividad ilícita. La minería ilegal, además de degradar los suelos y contaminar los ríos, deja secuelas sociales profundas en los territorios donde se impone por la vía de la violencia y el despojo.
El gobierno departamental reiteró su compromiso con la protección ambiental y la seguridad en el sur del Tolima, subrayando que las operaciones continuarán como parte de una estrategia integral que combina presencia institucional, educación ambiental y control militar. De esta manera, se busca devolver la tranquilidad a las comunidades rurales afectadas por la minería criminal.
