Una comisión accidental de la Cámara de Representantes inició seguimiento a la atención de la emergencia forestal que dejó más de 83.000 hectáreas afectadas. Líderes sociales, indígenas y campesinos denunciaron demoras en las ayudas, mientras el representante a la Cámara cuestionó los recursos destinados al sector agropecuario y advirtió sobre la coincidencia entre zonas afectadas y títulos mineros.
La atención a las comunidades damnificadas por los incendios forestales en el Tolima llegó al escenario de control político del Congreso. Una comisión accidental fue instalada para hacer seguimiento a las medidas adoptadas frente a una emergencia que dejó más de 83.000 hectáreas afectadas en el departamento.
Durante la jornada participaron líderes sociales, indígenas y campesinos de los municipios afectados, quienes expusieron las dificultades que todavía enfrentan sus comunidades. Entre las principales preocupaciones mencionaron las pérdidas económicas, los daños en las actividades agropecuarias y la falta de respuestas oportunas por parte de las autoridades.
Nelson Guzmán, líder del municipio de Coello, manifestó su inconformidad por la demora en la entrega de los apoyos anunciados después de la emergencia. “Nuestra comunidad sufrió pérdidas millonarias, y todavía seguimos esperando que lleguen las ayudas que nos prometieron hace semanas”, expresó durante la instalación de la comisión.
Como parte del ejercicio de control político fueron citadas entidades como Cortolima, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y los ministerios de Agricultura y Ambiente, entre otras instituciones. En el encuentro también participaron los representantes Renso Alexander García, Óscar Benavides, Miguel Grisales, Jairo León Vargas, Delcy Isaza y Janeth Sabogal.
El representante Hincapié manifestó preocupación por la coincidencia entre los territorios afectados por los incendios y las áreas con interés minero. Según indicó, en esos municipios existen 299 títulos mineros y 434 solicitudes de exploración y explotación, una situación que, a su juicio, requiere explicaciones y mayor vigilancia institucional.
El congresista también cuestionó los anuncios del Gobierno Nacional relacionados con la oferta internacional de minerales críticos del departamento, al considerar que las prioridades deberían concentrarse en atender a las comunidades damnificadas. Además, señaló que cerca de 28.000 pequeños y medianos productores continúan esperando ayudas para recuperar sus actividades económicas.
De acuerdo con Hincapié, alrededor de 30 municipios registraron afectaciones en cultivos de plátano, limón, maíz, café, cacao, aguacate y yuca, además de daños en pasturas y otros cereales. También mencionó el impacto sobre cerca de 44.000 bovinos y otros animales, y aseguró que hasta el momento se habrían destinado apenas 3.000 millones de pesos para atender a pequeños y medianos productores.
La comisión tendrá entre sus tareas vigilar la incorporación, distribución y ejecución de los recursos destinados a superar la emergencia, así como identificar posibles retrasos, sobrecostos o incumplimientos. Su próxima sesión será convocada antes de finalizar la legislatura en diciembre, con el propósito de evaluar los avances y establecer si las ayudas están llegando efectivamente a las familias y productores afectados.
