El senador Miguel Ángel Barreto reclamó respuestas del Gobierno Nacional frente a la extracción ilegal de oro que afecta al sur del departamento. La discusión se produjo en la Comisión Quinta del Senado, donde también quedaron expuestas las dificultades de coordinación institucional, el deterioro ambiental y las alertas por el orden público en municipios como Ataco, Chaparral y Rioblanco.
Un tenso intercambio protagonizaron el senador Miguel Ángel Barreto Castillo y la viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad, Claudia Victoria Carrasquilla, durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, convocado para examinar la minería ilegal y la crisis de seguridad que golpea al sur del Tolima.
El enfrentamiento se produjo cuando el congresista cuestionó la demora en la entrega de las respuestas al cuestionario enviado al Gobierno Nacional. Según Barreto, las entidades tuvieron aproximadamente dos meses para preparar la información, pero los documentos fueron remitidos apenas el viernes y llegaron a sus manos el mismo día de la sesión, a las 8:00 de la mañana. Durante la discusión también se cuestionó la explicación relacionada con la empresa de mensajería 472.
Ante las diferencias por la entrega de los documentos y el tono de la discusión, el senador le reclamó a la funcionaria: “No me alce la voz, álcele la voz a la crisis del sur del Tolima”. Barreto insistió en que la atención del Gobierno debe concentrarse en las comunidades que enfrentan problemas de seguridad, expansión de economías ilegales y afectaciones ambientales. Además, pidió respuestas concretas sobre la capacidad operativa de la Fuerza Pública en la región.
El debate, realizado el 10 de noviembre, puso especial atención en Ataco, Chaparral y Rioblanco. Según información presentada por Cortolima, la extracción ilegal habría afectado 491,09 hectáreas en estos municipios: 364,27 en Ataco, 106,94 en Chaparral y 19,88 en Rioblanco. Dentro del consolidado se identificaron 137,54 hectáreas correspondientes a cauces, una situación que evidencia la dimensión del impacto sobre los sistemas hídricos.
Las consecuencias ambientales también fueron expuestas por la autoridad regional. Los estudios técnicos han identificado modificaciones en los cauces, aumento de la turbidez del agua, remoción del lecho de los ríos y riesgos de contaminación por combustibles y aceites. Entre las fuentes hídricas afectadas se encuentran los ríos Saldaña, Atá y Amoyá, además de quebradas como Pole, Tuluní, Apa y Guanábano. Cortolima advirtió que la restauración ambiental del territorio podría superar los 270.000 millones de pesos.
En materia de seguridad, el senador puso sobre la mesa el incremento de los homicidios y la posible relación entre las economías ilegales y las estructuras armadas que operan en la zona. Durante el debate se conoció que, entre enero y septiembre de 2026, Ataco registró provisionalmente 27 homicidios, frente a siete en el mismo periodo de 2025. En Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, los casos pasaron de 19 a 47, según las cifras expuestas durante la sesión.
Por su parte, la viceministra Claudia Carrasquilla presentó resultados operacionales de la Fuerza Pública en el sur del Tolima. El balance de la Sexta Brigada para lo corrido de 2026 reportó 22 capturas, 24 máquinas amarillas y 19 dragas incautadas, además de 63 motores y 65 filtradoras. También se informó sobre la intervención o destrucción de 15 unidades de producción minera y la incautación de combustibles utilizados en estas actividades. El congresista, sin embargo, insistió en que los operativos deben acompañarse de presencia institucional permanente.
La discusión dejó en evidencia que la problemática del sur del Tolima no se limita a la destrucción de maquinaria o a las capturas, sino que requiere coordinación entre el Gobierno Nacional, las autoridades departamentales, los municipios y los organismos ambientales y judiciales. Entre las exigencias planteadas están fortalecer el despliegue militar, establecer con precisión los puntos de explotación ilegal, proteger las fuentes hídricas y perseguir las redes que financian y comercializan el oro extraído ilegalmente. Para las comunidades, el principal desafío sigue siendo que los anuncios y compromisos institucionales se conviertan en soluciones verificables.
