La Secretaría General de la Gobernación del Tolima aseguró que la Oficina de Pasaportes en Ibagué mantiene su atención habitual y que los ciudadanos pueden adelantar el trámite sin intermediarios. La aclaración se conoce luego de la suspensión provisional de dos convenios relacionados con el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia.
Ibagué, 4 de septiembre de 2026. Ante las inquietudes generadas por la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender provisionalmente la ejecución de dos convenios vinculados al nuevo modelo de pasaportes, el Gobierno del Tolima entregó un mensaje de tranquilidad a quienes tienen previsto solicitar o renovar este documento en Ibagué. La medida judicial, sin embargo, no ordenó suspender la expedición de pasaportes y las entidades involucradas deben garantizar la continuidad del servicio.
Jorge Enrique Palomino, secretario General de la Gobernación del Tolima, manifestó que la Oficina de Pasaportes continúa funcionando con absoluta normalidad y que actualmente los ciudadanos pueden adelantar sus solicitudes sin que la decisión judicial represente, por ahora, una interrupción en la atención. El funcionario hizo énfasis en que quienes necesiten el documento pueden acercarse a la dependencia ubicada en el centro de Ibagué para iniciar el procedimiento correspondiente.
“Los ciudadanos deben presentarse en esa dependencia de lunes a viernes, a partir de las 7:00 de la mañana y solicitar el agendamiento de la cita”, explicó Palomino, quien además señaló que posteriormente los usuarios deben realizar el pago correspondiente en el Banco Sudameris. De acuerdo con la información entregada por la Gobernación, el valor indicado para el trámite es de $247.974, después de lo cual se adelanta el proceso para la entrega del documento.
La declaración del secretario General coincide con la instrucción impartida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dejó expresamente establecido que la medida cautelar no puede traducirse en la interrupción, limitación o suspensión del acceso de los ciudadanos al servicio público de expedición de pasaportes. La decisión judicial afecta específicamente determinados instrumentos contractuales y busca que las entidades involucradas acrediten las condiciones en que se desarrolla el nuevo modelo.
El Tribunal también ordenó a la Cancillería, al Fondo Rotatorio, a la Imprenta Nacional de Colombia y a la Imprensa Nacional-Casa da Moeda de Portugal presentar información sobre la operación, entre ella el estado de ejecución, las condiciones de seguridad, la ubicación de las libretas y los actores que participan en la cadena de producción. Las entidades cuentan con un plazo de 20 días hábiles para entregar el informe solicitado por la corporación judicial.
Mientras avanza ese proceso, Palomino reiteró que el trámite en Ibagué está diseñado para que los ciudadanos puedan realizarlo directamente y sin acudir a terceros. “El proceso es muy sencillo, fácil y sin intermediarios”, destacó el funcionario, al insistir en la importancia de que los usuarios sigan las instrucciones establecidas por la Oficina de Pasaportes y eviten pagar a personas que ofrezcan gestionar citas o documentos por fuera de los canales oficiales.
El funcionario también recordó los requisitos particulares para los menores de edad, quienes deben presentar el respectivo registro civil para adelantar el procedimiento. Asimismo, indicó que las personas que presenten el certificado electoral pueden acceder a un descuento de $11.600, beneficio que hace parte de las condiciones aplicables al trámite y que debe ser tenido en cuenta por quienes acudan a solicitar el documento.
De esta manera, la Gobernación del Tolima busca despejar las dudas que surgieron tras la decisión judicial y reiterar que, al menos en la Oficina de Pasaportes de Ibagué, la atención continúa desarrollándose normalmente. La situación nacional permanece bajo seguimiento de las autoridades, pero la suspensión provisional de los convenios no significa que los ciudadanos deban cancelar sus planes de trámite, pues la propia decisión judicial exige preservar la continuidad del servicio.
