La Fiscalía confirmó la detención de un mayor, un subintendente y dos patrulleros por su presunta participación en la muerte de un hombre de 34 años, ocurrida en septiembre. Los uniformados serán imputados por homicidio agravado y tortura, mientras las autoridades mantienen pendiente una quinta orden de captura.
La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de cuatro integrantes de la Policía Nacional por su presunta responsabilidad en la muerte de Donovan Balanta, de 34 años, quien falleció el pasado 20 de septiembre tras un procedimiento policial en el barrio Caracolí, en límites entre Ciudad Bolívar, Bogotá, y el municipio de Soacha.
Entre los detenidos se encuentran un mayor, un subintendente y dos patrulleros. Los operativos fueron adelantados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Sijín, mediante diligencias simultáneas realizadas en Soacha y Barbosa.
Según la información del caso, los uniformados serán presentados ante la justicia para la imputación de los delitos de homicidio agravado y tortura. Además, se conoció que las autoridades tienen pendiente ejecutar una quinta orden de captura relacionada con la investigación.
La muerte de Balanta ocurrió horas después de que fuera reducido por integrantes de la Policía. Un video que trascendió posteriormente habría registrado golpes, patadas y descargas repetidas de un dispositivo eléctrico mientras el hombre permanecía esposado, material que forma parte de la atención pública sobre lo sucedido.
Los familiares de la víctima denunciaron que durante el procedimiento habrían participado hasta 20 policías y aseguraron que sus llamados de auxilio fueron ignorados. Estas afirmaciones deberán ser contrastadas dentro de la investigación para establecer las circunstancias de los hechos y las posibles responsabilidades individuales.
Tras lo ocurrido, la Policía de Soacha separó del cargo a siete uniformados, según los antecedentes suministrados. El caso también motivó pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organismos que solicitaron esclarecer lo sucedido.
Las capturas se produjeron 29 días después del procedimiento y representan un avance en la investigación penal. Ahora, la Fiscalía deberá presentar a los detenidos ante un juez de control de garantías, quien verificará la legalidad de las capturas y conocerá las solicitudes que formule el ente acusador.
Aunque el caso ha generado preocupación y reclamos de justicia, las capturas no equivalen a una condena. Los uniformados conservan la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial, en el que deberán esclarecerse los hechos y determinarse si existe responsabilidad penal por la muerte de Donovan Balanta.
