La diputada Yully Porras responsabilizó al secretario de Educación del Tolima por la suspensión del Programa de Alimentación Escolar y pidió reconocer los errores de planeación que dejaron sin raciones a más de 70 mil estudiantes.
La crisis del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Tolima sigue generando polémica. La diputada Yully Porras, desde la oposición, lanzó fuertes críticas contra el secretario de Educación, Andrés Bedoya, a quien responsabilizó directamente por la suspensión del servicio durante siete días en agosto. Según la dirigente, el hecho afectó a más de 70.000 estudiantes en todo el departamento, quienes se quedaron sin recibir las raciones alimenticias a las que tienen derecho.
“Es claro que el secretario de Educación debe aceptar que se equivocó, que no hubo planeación adecuada y que se cometió un error que no puede repetirse”, expresó Porras, en declaraciones a medios regionales. La asambleísta sostuvo que la Gobernación no cumplió con los ajustes necesarios frente a la inflación y destinó aportes insuficientes frente al esfuerzo que ya venía haciendo el Gobierno Nacional.
La diputada advirtió que la situación puede empeorar en los próximos meses. Según explicó, si no se toman medidas urgentes, en octubre los recursos asignados podrían agotarse, lo que volvería a poner en riesgo la continuidad del programa. “No podemos permitir que los niños sean los perjudicados por la falta de previsión de la administración departamental”, subrayó.
En ese sentido, Porras anunció que promoverá la creación de un sistema de veeduría ciudadana para que padres de familia y estudiantes reporten posibles irregularidades en la calidad de los alimentos. “No vamos a tolerar que a los estudiantes les entreguen fruta dañada, pan vencido o enlatados en lugar de proteínas de calidad como pollo o carne”, afirmó la diputada.
La dirigente recordó que, pese a las limitaciones, desde la oposición se han logrado avances importantes en otras áreas, como la creación del Observatorio de Seguridad y la ordenanza sobre economía circular. Sin embargo, insistió en que garantizar la alimentación escolar debe ser una prioridad absoluta, por encima de otros proyectos o intereses políticos.
El debate sobre el PAE en el Tolima también ha estado marcado por el choque entre la Gobernación y el Gobierno Nacional. Mientras la administración departamental insiste en que ha hecho incrementos en sus aportes, desde el Ministerio de Educación se ha cuestionado la insuficiencia de esos recursos, señalando que no compensan el alza de los costos en el mercado de alimentos.
Organizaciones sociales y padres de familia también se han sumado al debate, denunciando problemas en la cobertura del programa. Según cifras preliminares, mientras en 2024 el PAE alcanzaba a 85.000 beneficiarios, este año la cifra bajó a cerca de 77.000, lo que refleja para ellos un retroceso que debe ser corregido con urgencia.
Para Yully, las justificaciones de la Gobernación no son suficientes. Asegura que, más allá de la dificultad fiscal, hubo una falla en la planeación y en la gestión administrativa. “Si no se reconoce el error, difícilmente se podrán tomar medidas correctivas que eviten una nueva suspensión”, concluyó.
La diputada pidió a la gobernadora y al secretario de Educación que asuman la responsabilidad política y técnica de los hechos. Recalcó que el debate no es jurídico ni presupuestal únicamente, sino de derechos fundamentales, pues el acceso a la alimentación de los niños y niñas del Tolima no puede estar en juego por la falta de previsión.
El llamado final de Porras fue directo: “Debemos garantizar que nunca más los niños del Tolima se queden sin alimentación escolar. No se trata de cifras, se trata de vidas y de la dignidad de miles de estudiantes que merecen mejores condiciones”. Con estas palabras, la asambleísta cerró su intervención, exigiendo compromisos concretos a la administración departamental.
