La propuesta del diputado Jaime Tocora para declarar el acuífero de Ibagué como sujeto de especial protección quedó bloqueada en la Asamblea del Tolima después de que la secretaría de Ambiente negara conocer la iniciativa. Tocora denuncia maniobras políticas para frenar su propuesta ambiental.
Según Tocora, esta versión contradice actas y certificaciones de reuniones técnicas en las que, afirma, la Secretaría de Ambiente sí participó activamente y dio su visto bueno al texto presentado. El hecho generó fuertes cuestionamientos sobre la transparencia y el rigor con el que se ha tratado la propuesta, así como sospechas de maniobras para dilatar su aprobación.
Ante el riesgo de que existan vicios de procedimiento, la Asamblea decidió aplazar la votación del proyecto, lo que provocó la indignación de Tocora. El diputado recordó que la iniciativa ha sido trabajada durante más de un año, con socializaciones, ajustes y mesas técnicas en las que representantes de la Gobernación, gremios y empresas han colaborado para perfeccionar el articulado.
Tocora aseguró que, para responder a las inquietudes técnicas y mitigar posibles impactos económicos, su equipo aceptó eliminar y modificar artículos completos, incluyendo cláusulas sobre el uso de regalías para la conservación del acuífero. Aun así, asegura, la ordenanza fue frenada por razones políticas y no jurídicas, debido a su carácter opositor.
El diputado también rechazó la afirmación de algunos miembros de la Asamblea de que la norma obstaculizaría la protección legal del acuífero, señalando que la corporación ya ha aprobado figuras similares para otros ecosistemas. Para él, es “irresponsable” que el gobierno departamental se oponga sin argumentos técnicos sólidos.
Tocora hizo un llamado público a la Secretaría de Ambiente para que reconozca su responsabilidad en el proceso. “Pensar distinto no puede ser un impedimento para que se proteja nuestro recurso hídrico”, afirmó, y advirtió que el bloqueo actual puede socavar la credibilidad institucional y afectar la gestión ambiental futura en el Tolima.
El debate sobre esta ordenanza no solo es técnico, sino también político. Para Tocora, reconocer el acuífero como sujeto de derechos implicaría un cambio estructural en la forma como se conciben la gestión del agua y la responsabilidad del Estado frente a los ecosistemas. Por ello, asegura, la oposición al proyecto no es menor: se trata de proteger el bienestar hídrico y ambiental de Ibagué.
Mientras tanto, la comunidad ambiental, académica y social sigue expectante. La suspensión del segundo debate ha dejado en pausa una iniciativa que muchos consideraban esencial para garantizar la protección a largo plazo de uno de los recursos más estratégicos del departamento: el acuífero de Ibagué.
