La Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó más de 500 hectáreas que pertenecieron a redes criminales y ahora las destinará a comunidades rurales en siete municipios del Tolima, como parte de la reforma agraria del Gobierno Nacional.
Más de 500 hectáreas que en el pasado estuvieron bajo el control de estructuras del narcotráfico fueron recuperadas por el Estado colombiano en el Tolima y serán entregadas a campesinos e indígenas, en un proceso que busca devolverle al campo su vocación productiva y fortalecer la reforma agraria.
El anuncio fue realizado por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, quien explicó que la recuperación se logró con el apoyo de la Policía Nacional en siete municipios del departamento. Los predios estaban en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y habían sido utilizados por redes criminales, entre ellas las de alias “Maracuyá” y “Juan Gil”.
Según Harman, los contratos de arrendamiento con la SAE vencieron y, por lo tanto, la ANT asumió el control de los terrenos para garantizar que su redistribución se haga de manera legal, priorizando a comunidades rurales con vocación agrícola. Este paso, afirmó, busca transformar espacios antes ligados a la ilegalidad en territorios productivos y sostenibles.
“Estos predios ahora servirán para construir paz, justicia y oportunidades en el campo. Pasan de ser símbolo de la violencia a convertirse en una herramienta de desarrollo para las familias campesinas”, manifestó el director de la ANT durante el anuncio oficial.
En el mismo acto, la entidad firmó un acuerdo de voluntades con la Gobernación del Tolima para avanzar en los procesos de formalización y titulación de tierras, un compromiso que permitirá brindar seguridad jurídica a los pequeños productores y reducir los altos niveles de informalidad rural.
El secretario de Desarrollo Agropecuario del Tolima, Fernando Borja, destacó que este convenio se enfocará en municipios priorizados como Chaparral y Rovira, donde existen Zonas de Reserva Campesina que serán fortalecidas con proyectos productivos y acompañamiento técnico del Estado.
La medida se enmarca en los objetivos de la reforma agraria que impulsa el Gobierno Nacional, la cual busca redistribuir la tierra, promover la productividad agrícola y garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades rurales más vulnerables del país.
Para la ANT, esta recuperación de tierras representa un acto de reparación simbólica y material con los territorios afectados por el conflicto armado y la economía ilegal. En palabras de Harman, “entregar la tierra a quien la trabaja es sembrar esperanza en un país que todavía tiene deudas históricas con su campo”.
