El proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027 contempla, según congresistas del departamento, una reducción de $300.561 millones para el Tolima. La advertencia genera preocupación porque el recorte llega en medio de la emergencia por los incendios forestales y de las necesidades históricas de agua, saneamiento, infraestructura rural y recuperación del campo.
El Tolima vuelve a encender las alarmas frente al Gobierno Nacional. El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, actualmente en discusión en el Congreso, contempla una reducción de $300.561 millones en los recursos destinados al departamento, de acuerdo con las cifras divulgadas por congresistas tolimenses. La disminución equivaldría a cerca del 17,42 % frente a los recursos asignados para 2026.
La cifra ha provocado preocupación entre distintos sectores políticos del departamento, especialmente porque la discusión presupuestal se produce en un momento particularmente complejo para el Tolima: la región enfrenta las consecuencias de una temporada de incendios forestales que, según reportes de congresistas, ha dejado más de 50.000 hectáreas afectadas, además de pérdidas económicas, daños en cultivos y dificultades para numerosas comunidades rurales.
El debate, por lo tanto, no se limita a una cifra escrita en un proyecto de presupuesto. Detrás de los $300.561 millones está la discusión sobre qué recursos tendrá el Tolima para atender necesidades que afectan directamente la vida de los municipios y de miles de familias campesinas.
Menos recursos para un departamento con grandes necesidades
De acuerdo con la denuncia presentada por el representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié, la reducción impactaría diferentes sectores de la economía y la inversión pública territorial. Entre ellos aparecen transporte, agricultura, educación, cultura, vivienda, comercio, minas y energía, además de otros componentes de inversión.
Uno de los puntos que más preocupación genera es que, según las cifras expuestas por los congresistas, no estarían contemplados recursos específicos para proyectos de agua potable y saneamiento básico ni para vías terciarias.
La situación resulta especialmente sensible para el campo tolimense. Las vías rurales son fundamentales para conectar las veredas con los centros urbanos y permitir que los productores puedan sacar café, arroz, frutas, hortalizas, panela, ganado y los demás productos que sostienen buena parte de la economía rural.
Una carretera terciaria deteriorada no representa solamente un problema de movilidad. Para una familia campesina puede significar mayores costos de transporte, pérdida de productos, dificultades para acceder a mercados y servicios públicos y, en algunos casos, aislamiento de comunidades enteras.
Por eso, la discusión presupuestal adquiere una dimensión que trasciende las cifras: ¿cómo se recuperará el campo afectado por los incendios si disminuyen los recursos disponibles para infraestructura y desarrollo rural?
El agua y el saneamiento, otra preocupación
El panorama también genera inquietudes en materia de agua potable y saneamiento básico.
El propio departamento ha advertido durante los últimos meses sobre la importancia de estos proyectos. En mayo de 2026, la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima señaló que cerca de $30.000 millones destinados a proyectos de agua potable y saneamiento en 12 municipios estaban en riesgo, debido a demoras en trámites ante el Gobierno Nacional.
Ahora, la advertencia de los congresistas sobre la ausencia de nuevos recursos nacionales para este componente vuelve a poner el tema sobre la mesa.
El problema es particularmente delicado en un departamento con municipios que todavía requieren inversiones para ampliar redes, mejorar sistemas de abastecimiento, construir o modernizar infraestructura de tratamiento de aguas residuales y cerrar brechas históricas en cobertura.
Los incendios agravan el escenario
La discusión presupuestal llega además cuando el Tolima intenta recuperarse de una emergencia ambiental que ha golpeado especialmente a las zonas rurales.
Según las denuncias conocidas públicamente, más de 50.000 hectáreas habrían sido afectadas por los incendios forestales, con daños sobre cultivos y propiedades rurales. El representante Renzo García también llamó la atención sobre las pérdidas sufridas en municipios como Valle de San Juan, San Luis, Guamo y Ortega.
En ese contexto, la preocupación de los dirigentes regionales es que el departamento tenga que enfrentar una emergencia de grandes proporciones precisamente cuando las proyecciones presupuestales nacionales muestran una reducción de recursos.
La pregunta que queda planteada para el Gobierno Nacional y para el Congreso es si las necesidades excepcionales que enfrenta el territorio deben ser consideradas durante la discusión del presupuesto.
Agricultura, educación y energía también sentirían el golpe
Las cifras divulgadas por Hincapié muestran reducciones importantes en varios sectores.
Según el congresista, el sector agrícola tendría una disminución de $40.466 millones, equivalente al 50,22 %; educación pública tendría una reducción cercana a $39.997 millones, el 17,56 %, mientras que cultura perdería alrededor de $22.175 millones.
Uno de los mayores recortes señalados corresponde a minas y energía, con una reducción de aproximadamente $141.341 millones, equivalente al 60,27 %, según las cifras presentadas por el representante.
El debate, entonces, no solamente involucra carreteras o agua. También toca sectores estratégicos para la generación de empleo, la competitividad, la educación y la recuperación económica del departamento.
El reclamo político también crece
La reacción no ha sido exclusiva de sectores de oposición.
El representante Carlos Edward Osorio, del Centro Democrático, partido cercano al actual Gobierno, también expresó preocupación por la reducción y pidió al Gobierno Nacional reconsiderar la asignación propuesta para el Tolima. Según sus declaraciones, el departamento estaría entre los territorios más afectados por la distribución planteada.
La situación ha llevado a congresistas de diferentes sectores a plantear la necesidad de que la bancada tolimense actúe conjuntamente durante el trámite presupuestal.
El representante Renzo García, por su parte, pidió a los congresistas del departamento no respaldar el proyecto mientras persista la reducción y reclamó una revisión de las partidas teniendo en cuenta la emergencia ocasionada por los incendios.
Del respaldo electoral al reclamo presupuestal
El escenario tiene además un componente político inevitable.
El actual Gobierno de Abelardo de la Espriella recibió un importante respaldo electoral en el Tolima. Medios regionales han señalado que el departamento aportó más de 315.000 votos al mandatario durante la elección presidencial.
Por eso, el anuncio del recorte genera un contraste político que ya empieza a ser utilizado en el debate público regional: un departamento que respaldó mayoritariamente al actual presidente reclama ahora que las decisiones presupuestales de su Gobierno no terminen afectando precisamente las inversiones que necesita el territorio.
La discusión, sin embargo, todavía no está cerrada. El Presupuesto General de la Nación para 2027 se encuentra en trámite ante el Congreso y las partidas pueden ser objeto de modificaciones durante el debate legislativo.
Por ahora, la cifra que concentra la preocupación es contundente: $300.561 millones menos para el Tolima, según las cuentas divulgadas por congresistas.
El llamado es a defender los recursos del departamento
Mientras avanza la discusión en las comisiones económicas y posteriormente en las plenarias, aumenta la presión sobre la bancada parlamentaria del Tolima para que defienda los intereses presupuestales del departamento.
La preocupación no corresponde únicamente a un sector político. En juego están recursos para infraestructura, agricultura, educación, energía, vivienda, transporte y otros sectores que inciden directamente en los municipios.
Para el Tolima, el debate apenas comienza.
El departamento necesita respuestas frente a los daños ocasionados por los incendios, inversiones para recuperar el campo, mejores condiciones para transportar los productos agrícolas, infraestructura de agua potable y saneamiento y recursos suficientes para atender las necesidades de sus 47 municipios.
Por eso, la discusión que ahora llega al Congreso no debería reducirse a una pelea entre Gobierno y oposición. El punto central será determinar qué recursos necesita realmente el Tolima para enfrentar sus problemas actuales y cuáles deben quedar garantizados en el Presupuesto General de la Nación de 2027.
Mientras los congresistas preparan sus argumentos para modificar las partidas, en el departamento crece una pregunta política que seguramente acompañará todo el trámite presupuestal: ¿por qué un territorio que entregó un respaldo electoral significativo al actual Gobierno termina reclamando por una reducción de recursos que podría afectar sectores esenciales para sus comunidades?
