Tropas de la Sexta Brigada inhabilitaron dos unidades de producción minera en la vereda Guaipa. Según el Ejército, la actividad estaría relacionada con la financiación del GAO-r Comisión Gerónimo Galeano y habría generado impactos sobre el ecosistema.
Un operativo contra la explotación ilícita de yacimientos mineros fue desarrollado por el Ejército Nacional en zona rural de Coyaima, sur del Tolima. La intervención estuvo a cargo de tropas del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke, adscrito a la Sexta Brigada. Los uniformados llegaron hasta la vereda Guaipa, donde fueron ubicadas dos unidades de producción minera. De acuerdo con la institución militar, estas instalaciones eran utilizadas para actividades de extracción y procesamiento de material. La operación permitió afectar la capacidad de funcionamiento de ambas unidades.
Según la información entregada por el Ejército, la explotación minera intervenida estaría relacionada con las finanzas del GAO-r Comisión Gerónimo Galeano, perteneciente al Bloque Central Comandante Isaías Pardo. La institución señaló que la actividad extractiva constituiría una fuente de ingresos para esta estructura armada. La afirmación hace parte de la información operacional suministrada por las autoridades. El procedimiento buscó interrumpir el funcionamiento de las unidades y afectar los recursos derivados de la explotación. La operación se desarrolló a partir de labores de inteligencia adelantadas previamente en el sector.
Durante el procedimiento fueron encontrados e inhabilitados varios equipos utilizados en las labores mineras. Entre los elementos intervenidos se encontraba una excavadora, maquinaria empleada para la remoción del terreno. También fueron afectados un motor Cummins y una clasificadora metálica utilizada dentro del proceso de tratamiento del material extraído. La inhabilitación de estos equipos limita la capacidad de continuar con las actividades identificadas por las autoridades. El material y la maquinaria fueron incluidos dentro de la valoración económica del resultado operacional.
El Ejército estimó en $467 millones la afectación económica correspondiente a los equipos y materiales intervenidos durante el operativo. A este valor se sumó una proyección relacionada con la producción mensual que, según las autoridades, dejaría de percibir la estructura. La estimación asciende a $1.478 millones, calculados sobre una extracción aproximada de 3.300 gramos de oro al mes. En conjunto, las cifras entregadas por la institución superan los $1.900 millones. Estos valores corresponden a estimaciones oficiales sobre el impacto generado por la operación.
El procedimiento también estuvo relacionado con la protección de los recursos naturales de la zona rural de Coyaima. De acuerdo con el Ejército, las actividades de explotación ilícita identificadas estaban ocasionando remoción indiscriminada del subsuelo. La intervención de maquinaria pesada sobre el terreno puede modificar las condiciones naturales del área intervenida. Las autoridades también señalaron posibles afectaciones sobre el ecosistema y las fuentes hídricas. Por esta razón, la operación fue presentada como una acción que combina seguridad, lucha contra las economías ilícitas y protección ambiental.
La contaminación de las fuentes de agua constituye otro de los impactos atribuidos por las autoridades a esta actividad minera. El Ejército indicó que las labores desarrolladas en Guaipa venían generando afectaciones sobre los recursos hídricos del sector. La explotación sin los controles y permisos correspondientes puede generar impactos ambientales que requieren posteriormente acciones de recuperación. Con la inhabilitación de las unidades, las autoridades buscan detener la actividad identificada. El seguimiento ambiental corresponderá a las entidades competentes dentro de sus respectivas funciones.
El coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada, señaló que las operaciones contra la minería ilegal continuarán en diferentes zonas del departamento. El oficial indicó que uno de los objetivos es afectar las fuentes de financiación de los grupos armados organizados residuales. Paralelamente, las acciones buscan frenar actividades extractivas que puedan generar daños sobre los recursos naturales. La estrategia contempla el desarrollo de operaciones sustentadas en labores de inteligencia y control territorial. Coyaima se suma a los municipios donde las autoridades han concentrado esfuerzos contra este tipo de economías ilícitas.
El resultado de la operación en la vereda Guaipa dejó como principal balance la inhabilitación de dos unidades de producción minera y de los equipos utilizados para su funcionamiento. Según las estimaciones entregadas por el Ejército, la afectación económica supera los $1.900 millones al sumar el valor de los equipos y la producción mensual calculada. Las autoridades también destacaron el componente ambiental de la intervención. La Sexta Brigada anunció que mantendrá las operaciones contra la explotación ilícita de minerales y las estructuras que, según sus investigaciones, puedan beneficiarse de estas actividades. El propósito declarado es reducir las economías ilegales y proteger los recursos naturales del Tolima.
