El Tribunal Administrativo del Tolima decretó una medida cautelar a favor de la Gobernación del Tolima para garantizar el pago de más de $1 billón en deudas acumuladas por las EPS con hospitales públicos y privados, y proteger el derecho fundamental a la salud de los tolimenses.
El Tribunal Administrativo del Tolima, con ponencia del magistrado José Andrés Rojas, decretó una medida cautelar dentro de la acción popular interpuesta por la Gobernación del Tolima contra varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), con el fin de exigir el cumplimiento de sus obligaciones financieras con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del departamento.
La decisión judicial busca proteger el derecho colectivo a la salud y garantizar la continuidad en la atención hospitalaria, ante el riesgo que representan las millonarias deudas que las EPS mantienen con la red pública y privada del Tolima. Según el fallo, la mora de las entidades alcanza más de $600 mil millones en hospitales públicos y $400 mil millones en clínicas privadas, cifras verificadas por el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y la ADRES.
“El Tribunal encuentra debidamente soportadas las medidas solicitadas, en tanto se evidencia la posible violación de derechos colectivos asociados a la prestación eficiente y oportuna del servicio público de salud”, señaló el magistrado Rojas al justificar su decisión.
El Tribunal ordenó a las EPS cumplir, en un plazo máximo de dos meses, los acuerdos de pago establecidos en las mesas técnicas de la Circular 30, correspondientes al saneamiento de carteras y cancelación de obligaciones no glosadas de los años 2020 a 2024. La medida pretende garantizar el flujo oportuno de recursos hacia las IPS y aliviar la crisis financiera del sistema sanitario regional.
Asimismo, el magistrado dispuso que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud convoquen una mesa técnica nacional, con el objetivo de establecer un plan de pagos unificado, determinar los créditos vigentes y garantizar la cancelación de al menos el 20 % de las deudas liquidadas antes del 30 de junio del presente año.
Por su parte, la secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, celebró la decisión judicial, calificándola como “un paso firme hacia la defensa del sistema hospitalario y de los derechos de los usuarios”. La funcionaria destacó que esta acción judicial representa una victoria para los pacientes y los trabajadores de la salud que dependen de la estabilidad financiera de las instituciones.
“Con esta medida se reconoce que la falta de flujo de recursos pone en riesgo a toda la red hospitalaria del Tolima. Es una alerta para que las EPS y el Gobierno Nacional actúen de manera inmediata, evitando el colapso del sistema y garantizando el derecho a la salud de todos los ciudadanos”, afirmó Rengifo.
La Gobernación del Tolima reiteró que seguirá impulsando acciones legales y administrativas para proteger la red de salud, y que esta decisión sienta un precedente nacional sobre la responsabilidad financiera de las EPS frente a los servicios prestados por hospitales y clínicas.
