La ex primera dama respondió a los señalamientos de Eva Ferrer sobre un supuesto traslado de US$2,5 millones desde Venezuela, presuntos gastos millonarios y posibles gestiones de personas cercanas ante el Estado. También defendió su relación con Gustavo Petro, explicó de qué vive tras su divorcio y anunció que acudirá a las autoridades para esclarecer las acusaciones.
Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia, respondió públicamente a las acusaciones formuladas por Eva Ferrer, quien fue su asesora y cercana colaboradora durante el gobierno de Gustavo Petro. En entrevista con Noticias RCN, negó cualquier participación en actividades relacionadas con el tráfico de drogas o el transporte de dinero irregular y aseguró que las versiones divulgadas sobre su comportamiento y sus desplazamientos son falsas.
Uno de los señalamientos más delicados se relaciona con un supuesto traslado de US$2,5 millones desde Venezuela en maletas. Alcocer rechazó esa versión y afirmó que cuenta con registros de su viaje para demostrar que no transportó el dinero mencionado. “Jamás en mi vida he tenido que ver con tráfico de drogas y dinero”, manifestó, al tiempo que negó tener fondos en dólares en Colombia y anunció que buscará esclarecer los hechos ante las autoridades competentes.
La ex primera dama también rechazó las versiones sobre supuestos gastos superiores al millón de dólares o euros durante un periodo de año y medio, así como las dudas sobre el origen de sus recursos. Explicó que, mientras Petro ejerció la Presidencia, recibía de él una mesada para cubrir sus gastos personales y que actualmente vive del acuerdo económico alcanzado tras su divorcio, cuya fecha situó el 10 de agosto de 2026.
En relación con Carolina Plata y Danilo Romero, Alcocer defendió los vínculos personales que mantiene con ellos y negó que hubieran recibido beneficios irregulares a cambio de su cercanía. Describió a Plata como una hermana y aseguró que sus amigos la ayudaron económicamente en momentos difíciles, incluso con gastos familiares y educativos. También rechazó haber financiado la campaña de su primo Mario Fernández Alcocer o haber conseguido recursos para otras candidaturas políticas.
Sobre los ciudadanos españoles Manel Grau y Xavier Vendrell, señalados en controversias relacionadas con presuntas gestiones y negocios con el Estado, Alcocer reconoció su relación de amistad con Grau desde hace más de una década, pero negó tener negocios con él o haber autorizado a cualquiera de ellos a hablar en su nombre. Insistió en que no tenía facultades para decidir nombramientos, contratos o desvinculaciones dentro del Gobierno y sostuvo que cada persona debe responder por sus propias actuaciones.
La ex primera dama también respondió a las críticas por sus viajes nacionales e internacionales durante los cuatro años de Gobierno. Aseguró que los desplazamientos oficiales se organizaron mediante los procedimientos correspondientes y negó haber abusado de los recursos públicos. Asimismo, defendió su labor social, que incluyó visitas a hospitales y centros penitenciarios, y afirmó que estas actividades obedecían a una motivación personal de servicio, no a la búsqueda de poder político.
Otro de los asuntos abordados fue su permanencia en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), conocida como lista Clinton. Alcocer indicó que solicitó una revisión de su caso y que sus abogados recibieron una respuesta según la cual el trámite continúa en evaluación y se requiere información adicional. También sostuvo que su situación debe analizarse de manera independiente de la de Gustavo Petro y rechazó las versiones que, según ella, han afectado su reputación y la de su familia.
Finalmente, Alcocer aseguró que mantiene una buena relación con Petro pese a la separación y afirmó que no guarda resentimientos contra él. Frente a las acusaciones de Ferrer, señaló que acudirá con su defensa ante las autoridades para que se establezca la verdad. Los señalamientos sobre presuntos movimientos de dinero, posibles beneficios contractuales y actuaciones de personas cercanas deberán ser evaluados por los organismos competentes; las declaraciones y negativas de los involucrados no sustituyen las conclusiones de eventuales investigaciones.
