La Defensoría del Pueblo advirtió que 15 municipios del Tolima están bajo amenaza debido a la presencia de disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. La institución reporta casos de reclutamiento forzado y presiones sobre las comunidades rurales vinculadas a economías ilegales.
La Defensoría del Pueblo ha emitido una nueva alerta de riesgo para 15 municipios del Tolima, señalando que la presencia y las acciones de grupos armados ilegales continúan generando amenazas para las comunidades rurales y zonas con economías ilegales. Los municipios en riesgo incluyen Ataco, Chaparral, Planadas, Río Blanco, El Espinal, Flandes, Murillo, Santa Isabel, Ambalema, Armero, Honda, Lérida, Mariquita y Roncesvalles.
Según explicó la defensora regional, Iris Marín, en estas zonas operan principalmente las disidencias de las FARC, tanto la línea de Calarcá como la estructura de Iván Mordisco, que mantienen presión sobre los territorios. Además, se reporta una presencia intermitente del Clan del Golfo, cuyos actos violentos estarían vinculados a actividades como el narcotráfico y la minería ilegal, que continúan afectando la estabilidad social y económica en esas regiones.
En cuanto al reclutamiento forzado, la Defensoría reportó cuatro casos en lo que va de 2025, de los cuales tres ocurrieron en Planadas y uno en Río Blanco. El año pasado, se verificaron ocho casos de este tipo. Sin embargo, Marín aclaró que estos números no reflejan la totalidad de los hechos, ya que son solo los casos verificados que han llegado a las autoridades, por lo que la cifra real podría ser mucho mayor.
La Defensoría también destacó la preocupación por el alto riesgo que enfrentan niños, adolescentes y líderes sociales en estos municipios, que se encuentran en zonas de influencia de grupos armados. Las alertas buscan que las autoridades refuercen las medidas de protección en estas áreas, con énfasis en la prevención del reclutamiento y el desplazamiento forzado.
Marín insistió en que las autoridades deben tomar acciones inmediatas para proteger a las comunidades afectadas, especialmente a aquellos sectores más vulnerables, como la niñez y los defensores de derechos humanos, quienes han sido objeto de amenazas constantes por parte de estos grupos armados.
Asimismo, la defensora señaló que es urgente activar un plan de seguridad integral para las zonas rurales, que incluya el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad en el terreno y el apoyo a las autoridades locales para garantizar la protección de los ciudadanos. Esto incluye no solo la presencia militar, sino también la atención integral a las víctimas de la violencia y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones locales.
Por último, la Defensoría hizo un llamado a la cooperación interinstitucional para que las diferentes entidades del Estado trabajen de manera conjunta en la atención de estas zonas de alto riesgo. Esto, según Marín, es crucial para enfrentar el accionar de los grupos ilegales y garantizar que las comunidades puedan vivir en paz y sin la amenaza constante de los actores armados.
