La nueva ley de competencias que se debatirá en el Congreso contempla dar mayor autonomía a mandatarios locales y regionales para coordinar con la Fuerza Pública y negociar acuerdos de paz en los territorios. La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, planteó la propuesta como una salida frente a la violencia persistente.
En el Congreso de la República comenzó a tomar fuerza una propuesta que podría redefinir el papel de alcaldes y gobernadores en la construcción de paz. La iniciativa, incluida en la discusión de la nueva ley de competencias, abre la posibilidad de que los mandatarios regionales asuman un rol directo en la negociación de acuerdos y el manejo de la seguridad.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, fue una de las primeras en respaldar esta idea. Según explicó, la descentralización de competencias en materia de seguridad y paz permitiría dar respuestas más rápidas y efectivas frente a la violencia que golpea a los territorios.
“Tras la aprobación del acto legislativo, lo que sigue es garantizar que la ley incluya un artículo que nos dé mayor autoridad frente a la Fuerza Pública. Esto nos permitiría actuar de manera directa y no depender de decisiones centralizadas desde Bogotá”, aseguró Matiz.
La mandataria planteó que los gobernadores y alcaldes deberían contar con facultades para adelantar procesos de paz y negociar ceses al fuego con grupos armados ilegales. A su juicio, son ellos quienes conocen de cerca las dinámicas del conflicto y quienes tienen la legitimidad para liderar políticas regionales de paz.
La propuesta ha generado debate en el ámbito político y académico. Mientras algunos la consideran un avance en la autonomía territorial, otros advierten sobre los riesgos de fragmentar la conducción de los procesos de paz y la necesidad de garantizar coordinación nacional para evitar contradicciones en el manejo de la seguridad.
Expertos consultados subrayan que dotar a los mandatarios locales de mayores competencias también implicaría fortalecer sus capacidades técnicas e institucionales. De lo contrario, los riesgos de cooptación por actores ilegales o de decisiones improvisadas podrían poner en entredicho los procesos.
Pese a las dudas, el planteamiento de Matiz refleja una demanda recurrente desde las regiones: más herramientas para enfrentar directamente la violencia y no quedar sujetos a los tiempos o prioridades del nivel central. “La paz debe construirse desde abajo, con quienes viven la realidad del conflicto”, enfatizó.
En las próximas semanas, el Congreso deberá definir si incorpora esta propuesta dentro de la ley de competencias. Lo cierto es que, de aprobarse, se marcaría un cambio profundo en el papel de los gobiernos locales y departamentales en la búsqueda de la paz territorial.
