Tras tres días de plantones por parte de padres de familia, deportistas y concejales, podría ser cancelado el contrato que autorizaba el cobro por parqueo en escenarios como el Parque Deportivo y la Unidad de la 42. La decisión fue tomada por falta de concertación y rechazo social generalizado.
Después de una creciente ola de inconformismo ciudadano, al parecer la Alcaldía de Ibagué CONFIRMÓ LA CANCELACIÓN del contrato que autorizaba el cobro por el uso de parqueaderos en escenarios deportivos. Esta decisión se tomó luego de tres días de protestas lideradas por padres de familia, deportistas y entrenadores que exigían frenar la medida por considerarla injusta y excluyente.
El anuncio se podría conocer tras una reunión sostenida entre la administración municipal, encabezada por la alcaldesa Johana Aranda, y varios concejales de la ciudad. Durante este encuentro, la mandataria ya había advertido que si no se lograba una conciliación con la comunidad, el contrato sería revocado, lo que finalmente podría ocurrir
La propuesta de cobro había generado gran molestia en los sectores deportivos, particularmente entre las familias que ya asumen costos mensuales por entrenamientos, uniformes y transporte. La posibilidad de tener que pagar además por estacionar durante sus jornadas de práctica fue vista como una barrera más para el acceso al deporte.
Desde el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI) se argumentó que los recursos recaudados se destinarían al mantenimiento de los escenarios. No obstante, la comunidad recalcó que ya existe un aporte indirecto por medio de las mensualidades que pagan a los clubes y ligas, y que se necesita más acompañamiento estatal, no cargas adicionales.
La presión fue tan amplia que incluso el Concejo Municipal, con varios cabildantes a la cabeza, se sumó a la exigencia de terminar el contrato. Para muchos concejales, el deporte debe ser protegido con acciones que fomenten la participación, no que impongan nuevas condiciones económicas a quienes lo practican.
La liquidación del contrato podría ser interpretada como un triunfo colectivo en defensa del acceso libre al deporte. Desde distintos sectores de la ciudadanía se celebró la decisión como un ejemplo de cómo la movilización pacífica puede incidir en las decisiones administrativas.
De igual manera, la Personería de Ibagué había iniciado un seguimiento al contrato, al advertir posibles irregularidades jurídicas relacionadas con la ausencia de autorización del Concejo para la concesión del servicio, en cumplimiento de la Ley 136 de 1994. Esa investigación continuará, y en caso de encontrar faltas, la sanción recaería sobre el IMDRI.
Por ahora, los escenarios como el Parque Deportivo y la Unidad de la 42 seguirán abiertos al público sin cobros adicionales por parqueo, garantizando que niños, jóvenes y familias puedan acceder libremente a sus espacios de práctica y competencia.
