La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, advierte que la actividad minera irregular avanza en municipios como Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco. Según la autoridad ambiental, los mineros ilegales han usado títulos legales para camuflar sus operaciones y acelerar la “fiebre del oro”, lo que profundiza el daño a los ecosistemas andinos.
La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, alertó sobre una grave crisis ambiental en el sur del Tolima: la minería ilegal se ha infiltrado en predios con títulos legales, lo que ha acelerado lo que se denomina la “fiebre del oro” en municipios como Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco.
Durante la instalación del Encuentro Suramericano por la Cordillera de los Andes (ESCA), Alfonso explicó que esta dinámica mina no solo el suelo sino también la integridad de los ecosistemas andinos. “Estamos enfrentando una situación muy grave. La minería ilegal sin trámites ambientales ni planes de manejo se ha extendido peligrosamente en la cordillera, afectando fuentes hídricas, suelos, flora y fauna”, advirtió la funcionaria.
La autoridad ambiental detalló que en Ataco y zonas colindantes se han registrado operaciones de extracción con maquinaria pesada, piscinas de lavado de mineral, captación ilegal de agua y socavones que afectan la cuenca del río Saldaña, uno de los afluentes más importantes del departamento.
Además, se ha constatado que mineros ilegales están usando predios titulados legalmente como fachada, lo cual dificulta la actuación de las autoridades y complica las labores de fiscalización. La funcionaria afirmó que “usuarios legales han solicitado amparos administrativos porque existen actividades de minería ilegal en sus títulos mineros”.
Frente a este escenario, Cortolima ya presentó un informe técnico detallado a la Procuraduría, Fiscalía, Ministerios de Ambiente y Defensa, la Gobernación del Tolima y las alcaldías locales, solicitando la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para articular una respuesta interinstitucional real y urgente.
La gravedad de la problemática radica no solo en el impacto ambiental —como la remoción total de cobertura vegetal, erosión severa y contaminación de fuentes hídricas— sino también en las implicaciones sociales, económicas y de seguridad, pues detrás de muchas de estas explotaciones están estructuras ilegales que operan en la sombra del conflicto armado.
El Gobierno Departamental del Tolima ha reafirmado su compromiso con la conservación del territorio andino y exhortó al Gobierno nacional a respaldar la estrategia de vigilancia, control y restitución ambiental. Según Alfonso, “si no hay agua, no hay vida; y si no hay vida, no hay territorio ni futuro”.
Con esta denuncia pública, la región tolimense se coloca en el centro de la agenda ambiental nacional, donde la defensa del agua y de los ecosistemas montañosos se perfila como un asunto estratégico para la seguridad y el desarrollo de Colombia. La actuación concertada entre autoridades y comunidades es clave para detener la expansión de la minería ilegal y preservar la Cordillera de los Andes.
