La cartera estableció una directriz temporal que exige autorización expresa del ministro para nuevos contratos, prórrogas, modificaciones y vinculaciones de personal durante el proceso de transición institucional. La medida contempla excepciones para garantizar servicios esenciales, cumplir obligaciones legales y atender órdenes judiciales.
El Ministerio del Interior estableció una directriz temporal que restringe buena parte de las decisiones relacionadas con contratación y vinculación de personal durante los primeros días de la nueva administración nacional. La medida busca fortalecer los controles internos y garantizar transparencia durante el proceso de transición institucional.
La instrucción fue dirigida a viceministros, Secretaría General, directores, subdirectores, jefes de oficina, asesores, coordinadores y demás funcionarios que tengan competencias para adelantar procesos contractuales o realizar vinculaciones dentro de la entidad.
De acuerdo con la directriz, desde su expedición y hasta el 20 de agosto de 2026, ninguna dependencia podrá adelantar, perfeccionar, formalizar o ejecutar nuevos contratos que impliquen compromisos presupuestales sin contar previamente con autorización expresa del ministro del Interior.
La restricción también cobija los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, así como cualquier otro tipo de contratación estatal. De esta manera, los procesos que se encuentren en trámite deberán someterse a revisión antes de continuar con las etapas correspondientes.
La medida se extiende además a los contratos actualmente vigentes, pues durante el periodo establecido tampoco podrán tramitarse prórrogas, adiciones, modificaciones o actuaciones que impliquen extender, mantener o alterar las condiciones de los acuerdos existentes sin la respectiva autorización.
En materia de personal, la directriz establece controles sobre la provisión de empleos, nombramientos, encargos, comisiones y otras formas de vinculación o designación. Todas estas decisiones deberán contar con aprobación previa y expresa del ministro, centralizando temporalmente este tipo de actuaciones.
Sin embargo, la instrucción contempla excepciones para evitar afectaciones al funcionamiento de la entidad. Podrán continuar los trámites indispensables para garantizar la prestación de servicios públicos, cumplir obligaciones legales, atender órdenes judiciales o responder ante situaciones de urgencia manifiesta que puedan comprometer la continuidad de los servicios esenciales.
Durante la vigencia de la medida, las diferentes dependencias deberán llevar un registro consolidado de las solicitudes de autorización, incluidas aquellas relacionadas con prórrogas contractuales. Con esta disposición, el Ministerio del Interior busca mantener control sobre las decisiones administrativas durante la transición y aplicar criterios de transparencia, planeación, responsabilidad y coordinación institucional.
