En el 2005, un año después del primer aumento de penas, y 2018, los exámenes médico-legales por presunto abuso sexual en víctimas de cero a 14 años pasaron de 3.087 a 19.793, es decir que, los abusadores no le tienen miedo a la ley.
Entre más aumentan las penas, en el país logran pocas condenas. Según la Fiscalía con datos suministrados por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) en el 2019 hubo 28.285 denuncias por delitos sexuales contra menores de 14 años, de las cuales 14.487 casos fueron evacuados.
La mayoría de los casos, 10.507, corresponde al 72,5 % fueron archivados.
Solo hubo sentencias en 12,6 % de los procesos: en 1.351 casos (9,3 % del total de denuncias) hubo una condena y en 486 casos, una absolución.
Cifras preocupantes, que deben generar un blindaje a la ley, de tal manera que no se logren modificar los artículos para favorecimientos de acusados y defensores, si no se asegura la ley, los asesinos y violadores de niños, saldrán nuevamente a la calle.
Por lo anterior, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui señaló que, “garantiza que violadores y asesinos de niños no salgan nuevamente a las calles a reincidir”, hay una revisión de la sentencia después de 25 años de pena cumplida.
Esto puede significar que con buena conducta un condenado logre rebajar su pena o incluso su libertad o que esa revisión sea pedida por quienes hoy ya están condenados, consideró el expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra. “En vez de tener las penas de hoy, que son de hasta 60 años, resulta a la postre con una pena menor a la de ahora, y eso es supremamente grave”, dijo.
Por su parte, Hermens Darío Lara, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, afirmó que frente a este panorama debe garantizarse la capacidad de investigación de la Fiscalía y la fortaleza de sus casos para demostrar científica y técnicamente la culpabilidad de alguien más allá de toda duda.
Añadió que investigaciones débiles dificultan la labor de los jueces, “esto es muy peligroso, ¿con qué tranquilidad va a mandar uno a una persona toda su vida a la cárcel si no hay pruebas seguras?”, concluyó. De hecho, durante los debates en el Congreso, el fiscal Francisco Barbosa señaló que, más allá de la pena, su misión es aplicar la ley y garantizar que las investigaciones avancen con solidez.
La norma de la que ya se anuncian demandas, tendrá que ir a la Corte Constitucional, y se le hará una revisión minuciosa, seguramente con más reparos que garantías para las víctimas. Según varios sectores, este tipo de medidas no logran persuadir a los victimarios para que bajen los atroces ataques contra los menores, es decir, que no los asusta ninguna determinación ni acción judicial.
según José Fernando Mestre, director de derecho penal de la Universidad Javeriana y miembro de la Comisión Asesora de Política Criminal del Ministerio de Justicia, en 2004 se aumentaron las penas para delitos sexuales contra menores y en 2008 se duplicaron. Hoy, si se cometen varios delitos, pueden llegar hasta 60 años, que es, en la práctica, una cadena perpetua, dijo Mestre, pero los delitos contra niños no han bajado.
Serán largas horas, donde el congreso deberá tomar una de las decisiones más trascendentales de la historia de un país donde la justicia es injusta, ya que aprobó modificar el artículo 34 de la Constitución, que prohíbe la prisión de por vida, y estableció que esa pena aplica en crímenes contra menores.
Algunos datos suministrados. eltiempo.com
