La alcaldesa Johana Aranda se reunió con concejales y afirmó que, si no se llega a un acuerdo con el operador del parqueadero, el contrato será cancelado. La decisión responde a la presión de la ciudadanía y concejales por el cobro en escenarios deportivos de Ibagué.
La controversia por el cobro de parqueadero en los escenarios deportivos públicos de Ibagué llegó a un punto crítico, cuando la alcaldesa Johana Aranda advirtió que, si no se logra un acuerdo con el operador en las próximas horas, el contrato podría ser cancelado. La mandataria expresó que, ante la presión de la comunidad deportiva y de los concejales, se evaluará si continuar con el contrato o dar por terminada esta iniciativa.
La reunión, realizada este lunes, congregó a varios concejales de la ciudad, quienes habían manifestado su desacuerdo con la medida. La solicitud de los ediles fue clara: revisar el contrato y garantizar que no se siga afectando a las familias de los deportistas, especialmente a los menores de edad, quienes son los más perjudicados por el nuevo cobro.
El presidente del Concejo Municipal, Camilo Acevedo, fue tajante al expresar que la administración debe actuar rápidamente para proteger los intereses de los deportistas y sus familias. “Solicitamos a la alcaldesa que, una vez revisadas las actuaciones administrativas, se contemple la posibilidad de dar por terminado este contrato de manera pronta”, afirmó Acevedo, pidiendo soluciones inmediatas.
A pesar de los esfuerzos por resolver la situación, el contrato sigue vigente, y hasta el momento no hay detalles claros sobre las condiciones del acuerdo, los plazos ni las posibles penalidades en caso de incumplimiento. La falta de transparencia ha sido una de las principales críticas por parte de la ciudadanía.
En la mesa de diálogo estuvieron presentes los concejales William Rosas, Silvia Ortiz, Camilo Tavera, Víctor Ortiz, Arturo Castillo, César Franco, Carlos Beltrán, Javier Mora y Jhon Gómez, quienes reiteraron su rechazo al cobro y exigieron que los espacios deportivos sean accesibles de forma gratuita para los ciudadanos.
La mandataria, al hacer frente a esta creciente presión, aseguró que se encuentra en disposición de revisar la situación, pero también dejó claro que, si no hay concertación con el operador, el contrato podría ser cancelado para evitar que continúe afectando a los usuarios.
El clima de tensión en la ciudad ha aumentado, ya que la medida no ha sido explicada de manera clara por parte de la administración, lo que ha generado desconfianza entre los padres de familia, entrenadores y deportistas. Estos grupos insisten en que el acceso gratuito a los escenarios deportivos es fundamental para el desarrollo de los jóvenes y la comunidad en general.
El futuro de este contrato continúa en vilo, y la alcaldesa tendrá que tomar decisiones que impacten directamente en la relación con la comunidad deportiva, mientras se esperan más reuniones para encontrar una solución definitiva al conflicto.
