Una funcionaria del INPEC fue detenida en el centro de Honda cuando se encontraba a pocos metros del expresidente Álvaro Uribe Vélez durante una concentración política. La mujer portaba un arma de fuego con munición, pero no tenía salvoconducto para llevarla consigo.
Lo que inició como una concentración política en el centro de Honda terminó en un procedimiento judicial que llamó la atención de asistentes y autoridades. En medio del evento en el que participaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez, una mujer fue capturada por porte ilegal de arma de fuego.
La detenida fue identificada como Mónica Fernanda Joven Urbano, de 30 años, quien se encontraba entre la multitud, grabando con su teléfono celular el desarrollo de la actividad política como cualquier otro asistente.
Según se conoció, integrantes del esquema de seguridad realizaron un control preventivo al notar comportamientos que consideraron sospechosos, por lo que procedieron a abordarla para una verificación de rutina en plena vía pública.
Durante el procedimiento, la mujer manifestó ser dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y aseguró que se encontraba de vacaciones, argumento que inicialmente no representaba irregularidad alguna.
Sin embargo, al practicarle la requisa, las autoridades hallaron en su poder una pistola con munición, sin que presentara el respectivo salvoconducto que autorizara el porte del arma en ese momento.
Ante esta situación, fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, mientras se define su situación judicial.
De manera paralela, se inició un proceso administrativo interno para establecer si incurrió en posibles faltas disciplinarias como funcionaria activa del sistema penitenciario.
La jornada política concluyó así con una escena inesperada que generó sorpresa entre los asistentes, al evidenciarse que, más allá del contexto del evento, el porte de armas sin permiso en espacios públicos constituye una conducta sancionada por la ley.
