Aunque muchos intenten decir lo contrario, o desvirtuar la realidad, hoy el territorio tolimense, como hace algunos años, vuelve a vivir épocas de zozobra y barbarie, tanto así que las autoridades se están tratando de meter de pies y cabeza sobre todo en el Sur del Departamento, donde la extorsión y los asesinatos se están volviendo comunes.
Esto llevó a la Gobernadora Adriana Magali Matiz, a exigir al Gobierno Nacional, más presencia en el territorio, y obligó el Ministerio de Defensa a Iván Velásquez a participar en un Consejo de Seguridad, para que conozca y tome acciones sobre la realidad.
«Exigimos al gobierno acciones concretas y articuladas con los gobiernos departamentales”, afirmó la gobernadora al conocer la noticia del asesinato de un campesino en Chaparral, al parecer, a manos de las disidencias.
Matiz, dice que la paz total es garantizarles a los ciudadanos “que no los maten y que no los roben ni extorsionen, pero también es la presencia permanente del Estado en los territorios, con educación, carreteras, salud, tranquilidad y convivencia ciudadana”.
No solamente en los municipios conocidos como PDET, del Sur, Chaparral, Ataco, Rioblanco y Planadas, se vive sangre y fuego, también en otros como Alpujarra, Dolores y Coyaima, se mantienen amenazas y extorsiones de esos grupos que, procedentes de Caquetá, ingresaron al Huila y Tolima con los objetivos de extorsionar, sembrar temor y zozobra.
“Las disidencias citan a la gente a reuniones y amenazan de muerte a las familias que no asistan”, afirmó un comerciante de Dolores, donde, por miedo, nadie sale a las calles después de las 8 de la noche.
En diálogo con El Tiempo, Juan Camilo Hueje, alcalde de Planadas, uno de los más lejanos de la capital, dijo:
“Vivíamos en paz, pero, de un tiempo para acá la inseguridad se ha disparado en las zonas urbana y rural, debido al aumento de la extorsión y el microtráfico, fenómenos que no se veían hace mucho tiempo en esta región”, dijo el mandatario, quien agregó que el microtráfico “ha crecido muchísimo, y eso trae consigo robos, atracos, homicidios y extorsiones a plena luz del día”.
Los hechos de inseguridad, incluso, afectan los estilos de gobernar pues restringen el desplazamiento de los alcaldes a las zonas rurales.
“La recomendación que me hace la fuerza pública es que tenga cuidado y tome medidas de seguridad cada vez que salga a reuniones con los campesinos en las veredas y corregimientos”, dijo Hueje.
Elvert González, alcalde de Chaparral, señaló que los grupos armados utilizan a las Juntas de Acción Comunal para que convoquen a los campesinos a reuniones con fines extorsivos.
“Algunas familias que se negaron a pagar extorsiones, ya fueron víctimas de desplazamiento en las zonas de El Limón y el Cañón de las Hermosas”, aseguró González.
Las alarmas también les encendió Óscar Barreto, ex gobernador del Tolima y senador, quien afirmó que los habitantes del sur “sufren los rigores de la violencia y permanecen aterrorizados por el aumento de la inseguridad”.
“El terror volvió a esos territorios, pero, lo peor es escuchar discursos que afirman que la seguridad ha mejorado en nuestro país”, dijo Barreto y, refiriéndose al gobierno nacional, aseguró que lo que Colombia necesita “son acciones contundentes, y no mensajes alegrones”.
Las autoridades informaron que, para el próximo 3 de abril, está programado un consejo de seguridad en el municipio de Planadas con asistencia del ministro de la Defensa, Iván Velásquez, así como de los gobernadores de Huila, Tolima y Valle del Cauca.
Se esperan importantes resultados de esa visita, para evitar todas las irregularidades denunciadas en la zona.
