La Contraloría General identificó un incremento abrupto en la contratación pública previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Solo el 7 de noviembre se comprometieron $6,1 billones, equivalente al 68 % de toda la contratación de la primera semana del mes, una cifra sin precedentes para 2025.
La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre un comportamiento inusual en la contratación pública registrado el 7 de noviembre de 2025, último día antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales. Según el informe, esa fecha concentró la mayor actividad contractual del año, con cifras que superan ampliamente los promedios históricos y que podrían evidenciar fallas en la planificación estatal durante el periodo preelectoral.
El análisis señala que durante la primera semana de noviembre se comprometieron $9,0 billones en contratos y convenios interadministrativos, un monto que sobrepasa el comportamiento mensual observado en 2025. De este total, $6,1 billones se suscribieron únicamente el 7 de noviembre, lo que equivale al 68 % de toda la contratación de esos siete días y a casi tres veces el promedio mensual entre enero y agosto, que se ubicó en $2,1 billones.
Esta es la primera alerta oficial emitida por la Contraloría en el contexto de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, derivada del monitoreo preventivo que realiza la entidad sobre la contratación estatal durante los periodos sometidos a restricciones. El seguimiento se desarrolla bajo los lineamientos de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, que limita la contratación para evitar posibles usos indebidos de recursos públicos con fines políticos.
El Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, presentado el 10 de noviembre, permitió identificar un comportamiento contractual altamente atípico en los registros del SECOP entre el 1 y el 7 de noviembre. La magnitud de la contratación del último día previo a la restricción se considera un indicador crítico de posibles aceleraciones administrativas, lo que obliga a un análisis riguroso de los objetos contractuales, montos y entidades responsables.
De acuerdo con información recogida por la DIARI, el Departamento de Prosperidad Social fue la entidad con mayor volumen de contratación durante este periodo, con $770 mil millones, cifra que representa el 8,5 % del total estatal. La Contraloría informó que actualmente revisa el comportamiento por departamentos para precisar cómo se distribuyeron estos recursos en las distintas regiones del país.
El organismo de control también reveló que adelanta, junto a la Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, un análisis exhaustivo de los contratos suscritos desde septiembre hasta los primeros días de noviembre. La entidad busca identificar operaciones sensibles, especialmente aquellas relacionadas con actividades logísticas, suministros, eventos y otros rubros que suelen incrementarse en temporada preelectoral.
Este seguimiento consolidará una caracterización integral del comportamiento agregado de la contratación, con el objetivo de emitir alertas tempranas que permitan prevenir riesgos y garantizar la transparencia del gasto público. La Contraloría enfatizó que la identificación temprana de estos patrones es esencial para evitar que la contratación pública sea utilizada en contravención de las normas vigentes o encaminada a objetivos distintos al interés general.
Finalmente, la entidad destacó que estas acciones preventivas buscan fortalecer la vigilancia fiscal durante un periodo de alta sensibilidad institucional. Según la Contraloría, el país debe contar con garantías efectivas que protejan la integridad de los recursos públicos mientras se avanza hacia las elecciones de 2026, un proceso que exige mayor rigor en los controles sobre la actividad contractual del Estado.
