El ente de control halló pagos por más de $5.000 millones en obras que nunca se hicieron, además de sobrecostos y trabajos de pésima calidad en la rehabilitación de la vía Chaparral – San Antonio. El contrato, firmado durante las administraciones de Óscar Barreto y Ricardo Orozco, dejó un detrimento patrimonial superior a los $13.400 millones.
Un informe de la Contraloría General de la República destapó graves irregularidades en la ejecución del contrato de mejoramiento de la vía Chaparral – San Antonio, en el sur del Tolima. De acuerdo con el ente de control, el proyecto, financiado con recursos de regalías, dejó un detrimento patrimonial de $13.442 millones por obras inconclusas, de mala calidad o simplemente inexistentes. La investigación compromete a las administraciones de los exgobernadores Óscar Barreto y Ricardo Orozco, bajo cuyo mandato se adelantó el contrato.
La auditoría reveló que se pagaron más de $5.000 millones por obras que nunca se hicieron y cerca de $4.700 millones por otras de pésima calidad. A ello se suman sobrecostos superiores al 47 % respecto al valor inicial aprobado y una ejecución que se extendió casi al doble del plazo previsto. La Contraloría sostiene que la falta de control y planeación, sumada a la deficiente labor de la interventoría, favoreció la pérdida de los recursos y el incumplimiento del proyecto.
El contrato fue adjudicado en 2019 al Consorcio Infraestructura Vial 2019, representado por el ingeniero Juan Carlos Ramírez, conocido en el Tolima por polémicos antecedentes en obras urbanas y viales. Aunque debía intervenir 6 kilómetros de carretera entre los sectores Cruce Maito y El Pando, la Contraloría encontró que gran parte de las obras no se ejecutaron o fueron desarrolladas con materiales de baja calidad. De esta manera, la vía, que debía mejorar la movilidad de más de 60.000 habitantes, sigue en pésimas condiciones.
Uno de los hallazgos más graves tiene que ver con el material granular “afirmado”, esencial para la base de la vía. El contratista reportó casi 28.000 m³ aplicados, cuando en realidad se requerían 12.600 y apenas se ejecutaron 479 m³. Aun así, recibió pagos por más de $4.500 millones por material que nunca se aplicó. Lo mismo ocurrió con la construcción de cunetas y drenajes, por los que recibió más de $600 millones, aunque la Contraloría constató que gran parte nunca se ejecutó en terreno.
En el tramo intervenido, el equipo auditor detectó fisuras, hundimientos, baches, socavaciones y el deterioro prematuro del asfalto. Las fallas técnicas incluyeron la falta de compactación, espesores inferiores a lo estipulado y deficiencias en el drenaje, lo que contribuyó al rápido daño de la vía. Estas deficiencias generaron pérdidas por más de $2.700 millones en un solo tramo y otros $2.000 millones en otro sector, lo que eleva la suma de recursos desperdiciados.
El informe también señala irregularidades en la destinación de más de $280 millones que debían invertirse en señalización y gestión ambiental. El contratista no presentó soportes del gasto y solo acreditó parcialmente las inversiones, dejando en el aire más de $180 millones sin justificación. La Contraloría advierte que estos recursos, que debían garantizar la seguridad vial y mitigar impactos ambientales, nunca cumplieron su propósito.
La responsabilidad, según el ente de control, no recae solo en el contratista, sino también en la interventoría, a cargo del Consorcio Mejoramiento de Vías 190. Esta firma, contratada por $1.200 millones, avaló informes falsos que facilitaron el pago de más de $29.800 millones al contratista, a pesar de las deficiencias evidentes. Por ello, la Contraloría la señala como solidariamente responsable del detrimento patrimonial y de inducir a la Gobernación en errores de pago.
Finalmente, la Contraloría concluye que el proyecto es un fracaso rotundo de la administración departamental. No solo no cumplió el objetivo de mejorar la movilidad hacia el sur del Tolima, sino que dejó un enorme hueco financiero que afecta directamente a las comunidades. El informe será trasladado a los organismos judiciales para que determinen si hay lugar a procesos penales contra los responsables, entre ellos el contratista, la interventoría y funcionarios de la Gobernación.
