El Gobierno y la Contraloría general denuncian que en la Nueva EPS se escondieron al menos 12 millones de facturas, por miles de millones de pesos, para disfrazar la verdadera crisis del sistema de salud. Guillermo Alfonso Jaramillo asegura que no se trató de un descuido, sino de un desfalco deliberado contra el sistema de salud.
El ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo lanzó fuertes acusaciones: sostuvo que por años se desvió información clave en la Nueva EPS, ocultando millones de facturas mientras la población esperaba atención médica. No fue simplemente una falla administrativa, dijo, sino una acción intencional con graves efectos para el sistema.
Según investigaciones y reportes oficiales recientes, la Contraloría General de la República detectó que la Nueva EPS tiene 12 millones de facturas pendientes o “representadas” por valor de varios billones de pesos, que no fueron contabilizadas oportunamente. Esto generó un panorama financiero maquillado que ocultaba deudas y efectos adversos en la atención de salud.
El presidente Gustavo Petro se sumó al señalamiento, afirmando que facturas escondidas y pasivos sin reportar formaban parte de un mecanismo para disfrazar pérdidas, mientras recursos públicos se desviaban mediante contratistas vinculados a EPS y políticos poderosos.
La Fiscalía General de la Nación impulsa ahora acusaciones contra exdirectivos de la Nueva EPS, entre ellos José Fernando Cardona Uribe, Juan Carlos Isaza Correa, Edgar Pedraza Castellanos y Fabián Alberto Peralta Núñez, por cargos que incluyen ocultamiento de facturas, desvío de recursos, peculado y falsedad de documento.
El informe de la Contraloría además reveló que las cuentas por pagar de la EPS superan los 22 billones de pesos, concentrándose buena parte de ese monto en un número limitado de prestadores. También se identificaron registros repetidos, anticipos sin legalizar y una insuficiente auditoría de las vigencias recientes.
En respuesta, el superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano, ordenó legalizar los pagos que aparecen como anticipos no procedentes, depurar las facturas duplicadas y adelantar auditorías médicas concurrentes para asegurar la veracidad y la transparencia del estado contable de la entidad.
El ministro Jaramillo aseguró que el gobierno no permitirá más impunidad ni silencios ante lo que calificó como un “desfalco contra la salud”. Aseguró que los hallazgos exigen una intervención clara, sanciones para los responsables y reformas estructurales para garantizar que los recursos del sistema de salud lleguen realmente a los ciudadanos.
La situación pone en alerta a los usuarios de salud, prestadores y entidades gubernamentales. Se espera que en los próximos días se conozcan las medidas judiciales concretas y se fortalezca la supervisión para que casos similares no vuelvan a repetirse, y para que la ciudadanía recupere la confianza en el sistema de salud.
