Tras el anuncio de culpabilidad por soborno en actuación penal y fraude procesal, los abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez anunciaron apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Aseguran que la presunción de inocencia se mantiene intacta y que agotarán todos los recursos legales.
La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó que apelará el fallo que lo declaró culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El abogado titular, Jaime Granados, insistió en que esta decisión judicial no es definitiva y que aún se encuentra vigente la presunción de inocencia del exmandatario.
En un comunicado oficial, el equipo jurídico anunció que mantendrá un «silencio prudente» hasta conocer la totalidad del fallo y sus fundamentos. Solo después de estudiar en detalle el contenido completo de la sentencia se emitirán declaraciones más amplias sobre el caso.
Los abogados señalaron su desacuerdo con los argumentos jurídicos presentados por la juez en la audiencia, calificando sus valoraciones como sujetas a debate. En este sentido, confirmaron que se interpondrá un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá y, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia.
“Esta no es una decisión definitiva. La presunción de inocencia permanece intacta y se mantienen abiertos los canales legales”, afirmaron los abogados Jaime Granados, Jaime Lombana, Juan Felipe Amaya, Franklin Guevara y Édgar Barraza.
Durante la audiencia, el abogado Granados enfatizó que “se mantiene incólume la presunción de inocencia” hasta que no exista una sentencia en firme. Citó el artículo séptimo del Código de Procedimiento Penal como fundamento para este argumento, indicando que dicha garantía rige durante todo el proceso judicial.
El jurista también mencionó que, de acuerdo con la Corte Suprema, la libertad del acusado debe privilegiarse en todo momento, especialmente cuando ha comparecido voluntariamente y ha asumido su defensa material, como lo ha hecho Uribe.
Asimismo, destacó que el artículo 447 del Código Penal obliga a considerar factores individuales, sociales y familiares del acusado al momento de tomar decisiones judiciales, lo cual, según Granados, debe tenerse en cuenta en la valoración del caso.
La defensa espera la lectura completa del fallo, que ha sido programada para el próximo viernes 2 de agosto de 2025, y reiteró que confía en que la revisión del proceso permitirá revertir la decisión judicial.
