En su columna de este domingo en Cambio, Yohir Akerman escribe que, mediante la Resolución 346 del 25 de junio del 2024 se aprobó la cofinanciación de un Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural (Pidar) en el departamento del Tolima.
“El proyecto aprobado tenía un valor no menor de 5.476 millones de pesos, de los cuales la ADR aportaba 4.339 millones en efectivo y la Asociación Tolimense Agropecuaria de Productores, ATAP, complementaba con 1.137 millones en bienes y servicios. En total, el programa debía beneficiar a 445 personas pertenecientes a nueve comunidades indígenas del municipio de Ataco en ese departamento”, dice la publicación.
Agrega que, dentro de los beneficiarios aparecía Liseth Katerynne Rayo Sáenz, junto a su hermano John Sebastián Rayo Sáenz, y la madre de ambos, Isabel Sáenz Serrano, vinculados a la Comunidad Indígena ICO Valle de Anape, y que aunque los recursos no estaban individualizados, su inclusión significaba acceso directo a los apoyos en ganadería sostenible, financiados con más de 5.400 millones de pesos del erario.
“El detallito escandaloso es que la señora Liseth Katerynne Rayo Sáenz también era la funcionaria designada para dirigir la Unidad Técnica Territorial 8 (UTT 8), dependencia de la ADR en Tolima encargada de supervisar la implementación del Pidar 346. Así como se oye. En resumen: la misma persona que debía vigilar los recursos públicos era, al mismo tiempo, beneficiaria directa de ellos, junto con su madre y su hermano”, afirma Akerman.
Señala que, para intentar resolver el pequeño problemita, la señora Rayo presentó una renuncia irrevocable a su calidad de beneficiaria el 1 de julio del 2024, aceptada el 3 de julio por la asociación ejecutora del proyecto. “Ante la incomodidad, apareció en su defensa un juicioso abogado de la UTT 8 de Ibagué, contratado por la ADR, el doctor Sergio Andrés Rincón Garrido, quien intentó manejar el asunto al minimizarlo. Su argumento era un sofisma: que como Rayo y su familia habían presentado una renuncia a los beneficios, el pecado quedaba borrado y ya no existía conflicto alguno”, recalca el columnista.
Según Yohir Akerman, el abogado Sergio Rincón (foto), sogamoseño, fue premiado y pasó de jurista de la UTT 8 en Ibagué a convertirse en director de la ADR en el Tolima. Vuelven a ser noticia, y esta vez nacional, los Rincón Garrido.
